La Comisión de Trabajo continuó el estudio del proyecto (boletín 17914) que modifica el Código del Trabajo en materia de despido por falta de probidad en el uso de licencias médicas, propuesta originada en una moción de la diputada Ximena Ossandón.
La iniciativa establece, expresamente como falta de probidad, la presentación de licencias médicas que no respondan a la dolencia invocada o que sean falsas. Asimismo, presume dicha falta cuando el trabajador incumple el lugar de reposo indicado en la licencia.
El proyecto también faculta al empleador para solicitar antecedentes que permitan verificar el otorgamiento y cumplimiento de la licencia médica. No obstante, establece el deber de resguardar la reserva de la información y limita su utilización a eventuales procesos judiciales derivados de la impugnación de un despido.
En la sesión, expuso la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón. Señaló que, pese a la disminución de las licencias médicas electrónicas y al fortalecimiento de las fiscalizaciones, persisten casos de uso indebido. (Ver presentación)
La personera destacó las acciones implementadas por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) para prevenir y detectar el uso indebido de licencias médicas. Entre ellas, mencionó el aumento de las investigaciones a profesionales emisores, la fiscalización de los operadores de licencias médicas electrónicas y la aplicación de controles para evitar prácticas irregulares, como la autoemisión de licencias o su otorgamiento desde el extranjero.
En tal contexto, informó sobre la implementación de bloqueos preventivos a emisores con conductas sospechosas y el fortalecimiento de los cruces de datos para fiscalizar el cumplimiento de los períodos de reposo por parte de los trabajadores.
Colegio Médico y Compin
La presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, respaldó la necesidad de combatir el fraude en el uso de licencias médicas. Sin embargo, advirtió que el proyecto requiere mayor precisión en las conductas sancionables. También pidió resguardos para la protección de los datos clínicos y el debido proceso de los trabajadores. (Ver exposición)
Rodrigo Berríos, director nacional de la Compin, en tanto, respaldó el objetivo de sancionar laboralmente el uso indebido de licencias médicas, pero solicitó perfeccionar la redacción del proyecto para vincular las causales de despido con las infracciones ya contempladas en la normativa sanitaria y evitar problemas de interpretación jurídica. (Ver exposición)
Parlamentarios
La diputada Ximena Ossandón valoró el respaldo transversal que ha recibido el proyecto. En todo caso, reconoció la necesidad de efectuarle mejoras a la redacción, de modo que la norma sea realmente eficiente.
Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de legislar sobre un tema que fue todo un escándalo y respecto de lo cual solo se ha avanzado en el sector público.
“Nosotros estamos viendo las herramientas que necesita el sector privado, porque nadie ha sacado la cuenta del impacto que esto ha tenido. Son 80 mil personas que viajaron desde el sector privado y que se sabe lo hicieron con licencia falsa. También está el impacto que esto ha tenido en la economía y en la producción”, remarcó.
El diputado Héctor Ulloa estimó que el proyecto concita transversalidad dada la importancia de regular esta materia. “En el fondo, lo que hace la iniciativa es entregar una herramienta al empleador para despedir sin indemnización cuando un trabajador efectivamente hace un uso indebido de una licencia médica”, acotó.
Tras las exposiciones, evaluó que se deben conciliar dos elementos fundamentales. Primero, definir cuál será el organismo que determinará si hubo mal uso de una licencia médica (Compin, isapres, otro), ya que puede existir una discrepancia médica legítima. “Por ello, es necesario definir con precisión qué constituye un uso fraudulento de una licencia médica”, recalcó.
En segundo lugar, dijo que se deben resguardar claramente los derechos de los pacientes y su privacidad. Ningún empleador podría, bajo el pretexto de ejercer facultades de fiscalización, conocer una dolencia médica específica, porque ello no solo no está permitido, sino que está expresamente prohibido por la legislación vigente y por la normativa sobre derechos de los pacientes.
Confianza legítima
En la jornada, además, la comisión rechazó el articulado del proyecto (boletín 17247) que aclara el alcance del principio de confianza legítima a los empleos a contrata en el sector público. Para sus fines, efectuaba una interpretación del artículo 10 del Estatuto Administrativo y del artículo 2° del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
Si bien la propuesta contaba con la aprobación en general, en el periodo anterior, la actual conformación del grupo parlamentario no apoyó ni la indicación presentada por la diputada Gael Yeomans y por el diputado Luis Alberto Cuello, ni el texto original de la moción. Este indicaba que “todos aquellos empleos a contrata que hayan sido prorrogados por segundo año consecutivo cuentan con la confianza legítima en el respectivo organismo de la administración del Estado o municipalidad en que cumplan sus funciones, según corresponda, para seguir desempeñando sus labores”.
La iniciativa se proponía despejar la controversia originada por el dictamen de la Contraloría, que derivó a sede judicial resolver los casos referidos a la configuración de confianza legítima en la renovación de los empleos a contrata.
Sin embargo, personeros como el exministro de Hacienda, Mario Marcel, presentaron reparos a la propuesta. En una línea similar, desde el Ministerio del Trabajo de la actual administración se sostuvo que el proyecto era inconstitucional por concitar una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.