La Cámara acordó crear una comisión investigadora para reunir antecedentes de los actos del Gobierno relacionados con la conformación del Alto Mando de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; revisar las solicitudes de información del Ministerio de Seguridad Pública a la Policía de Investigaciones de Chile y el cumplimiento de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, de las normas estatutarias sobre probidad y prevención de conflictos de interés.
La petición firmada por 65 diputadas y diputados considera, además, la implementación orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, el cumplimiento de la ley Nº 21.730 y la elaboración y existencia de estrategias, planes o programas de seguridad pública y prevención del delito.
La solicitud cita el dictamen de la Contraloría general de la República, del pasado 2 de julio de 2026, en respuesta a solicitudes remitidas por diputadas y diputados. Entre otros puntos, por el requerimiento formulado por la exministra Steinert a la PDI y la juridicidad de la desvinculación de la exprefecta general de dicha institución, Consuelo Peña.
Se indica que el oficio formulado por la exministra pedía un informe detallado del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica, vinculada a una investigación penal que se encontraba en curso, a cargo de una Fiscalía Regional del Ministerio Público.
La Contraloría concluyó que las actuaciones de la expersonera excedieron la facultad general de requerir informes ya que la norma vigente señala que “ni aún de manera reservada o secreta pueda usarse tal facultad, cuando afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación en curso”.
En dicha línea, “la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”.
A partir de estos antecedentes, la solicitud de la comisión investigadora apunta a reunir antecedentes de determinados actos del Gobierno, en materia de seguridad pública, durante la gestión de la exministra de Seguridad Pública.
La instancia respaldada por 62 votos a favor, 58 en contra y una abstención, tendrá un plazo de 60 días, a partir de su conformación, para cumplir con su mandato.