Acceso a la justicia: aprueban ajustes a implementación del nuevo servicio

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Facilitar la puesta en marcha del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas es el objetivo del proyecto aprobado por la Sala (boletín 18709). La propuesta del gobierno, que pasa a segundo trámite al Senado, modifica normas transitorias de la Ley N°21.780 para ajustar el proceso de implementación de esta nueva institucionalidad.

Uno de los cambios respaldados es eliminar el traspaso intermedio del Programa de Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas desde la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Subsecretaría de Justicia. En su lugar, el proyecto establece un traspaso directo al nuevo servicio.

De acuerdo con lo explicado por el ministro Fernando Rabat en la Sala, esta medida evita duplicar procedimientos administrativos y facilita la continuidad de las prestaciones que actualmente reciben las víctimas de delitos. Además, permite mantener los equipos de trabajo bajo una sola línea de transición institucional.

La iniciativa también faculta al Presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley destinados a regular el traspaso de programas, funcionarios a contrata, recursos presupuestarios y bienes desde la Subsecretaría de Prevención del Delito al nuevo servicio. Asimismo, establece que el organismo será el continuador legal de los derechos y obligaciones asociados al Programa de Atención a Víctimas.

Cronograma Servicio Nacional de Acceso a la Justicia

La propuesta también modifica el calendario de operación del servicio. Actualmente, la ley contempla tres fases de implementación territorial, donde la primera debía comenzar en enero de 2027 y la última en noviembre de 2029. Sin embargo, el proyecto reduce las fases a dos y prorroga el inicio de su implementación.

Así, la primera fase se establece para el 1 de enero de 2028 y considera las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Mientras que la segunda, desde el 1 de enero de 2029, contempla a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena.

Con esta modificación, el ministro destacó que el servicio alcanzará la cobertura nacional diez meses antes de la fecha originalmente prevista. Además, reduce de 30 a 12 meses el período de convivencia entre las Corporaciones de Asistencia Judicial y la nueva institucionalidad.

Junto con ello, la iniciativa disminuye de seis meses a un mes el plazo mínimo de anticipación para el nombramiento de los directores regionales, medida que, según el Gobierno, permitirá evitar gastos asociados a cargos directivos en regiones donde el servicio no haya iniciado operaciones.

Debate parlamentario

En el debate en la Sala, quienes respaldaron la norma manifestaron que la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia requiere un cronograma compatible con la complejidad administrativa y tecnológica del proceso. Destacaron que la nueva institucionalidad deberá integrar a más de 3.700 funcionarios provenientes de las Corporaciones de Asistencia Judicial, los Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas, programas especializados de representación jurídica y el sistema de mediación familiar.

Además, señalaron que la norma no altera el diseño institucional ni las funciones del servicio, sino que asegura una transición coordinada entre los organismos y la nueva estructura estatal.

Por otro lado, algunas intervenciones cuestionaron que la iniciativa modifique los plazos originalmente establecidos para la puesta en marcha del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Esto, porque se retrasa el inicio de los beneficios esperados por los usuarios.

La diputada Constanza Hube rindió el informe del proyecto en la Sala. Además, participaron en el debate las y los diputados Claudia Reyes, Marcos Barraza, Hotuiti Teao, Eileen Urqueta, Tomás Kast, Cristian Contreras, Raúl Leiva, Sofía González, Cristian Neira, José Antonio Kast Adriasola, Guillermo Valdés, Mario Olavarría, Diego Vergara, Sebastián Cristoffanini, Nathalie Castillo, Paz Charpentier y Javier Muñoz.