La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que crea el Registro nacional de actos vandálicos e incivilidades (boletín 18341).
El texto establece un mecanismo administrado por el Registro Civil destinado a consolidar la información relativa a resoluciones judiciales recaídas en determinados delitos e infracciones; que afectan gravemente la convivencia, el orden público y el uso adecuado de los espacios comunes.
Su objetivo principal es establecer un catálogo acotado de conductas y sanciones accesorias para quienes cometan actos que atenten contra el orden público y la convivencia social. Entre estos, figuran la quema de transporte público, el uso de bombas molotov, el daño al patrimonio cultural, amenazas a la autoridad y distintos tipos de usurpación.
En esa línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó los acuerdos alcanzados durante la tramitación, resaltando, además, la incorporación de conductas como el maltrato animal y la incorporación del vertimiento ilegal de basura y desechos tóxicos, por considerar que se trata de una acción que afecta la convivencia y los espacios comunes.
Por su parte, el presidente de la comisión, diputado Cristián Araya, destacó que durante la discusión se acogió separar el registro de actos vandálicos e incivilidades en dos instrumentos separados, de modo que tengan un tratamiento diferenciado en aspectos como la duración de las sanciones y la pérdida de beneficios sociales asociados.
Inconstitucionalidad
No obstante, una visión distinta expresaron las/os parlamentarios de la oposición, integrantes de la instancia, quienes sostuvieron que la norma presenta serios vicios de constitucionalidad, al quitar beneficios como la gratuidad universitaria. Sobre el punto, recordaron que ya existe un pronunciamiento en ese sentido del propio Tribunal Constitucional.
Agregaron que el texto, como está planteado, desnaturaliza su idea central y refleja que no existe por parte del Ejecutivo una estrategia clara en materia de seguridad pública.
La iniciativa ahora debe seguir trámite en la Comisión de Hacienda, en lo relativo al financiamiento involucrado, antes de pasar a la Sala para su discusión y votación de la Cámara.