Demoras en la tramitación de sumarios administrativos, que mantienen a funcionarios públicos suspendidos de sus funciones durante años, pero recibiendo sus remuneraciones, fueron expuestas por la titular de la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez.
En la presentación desarrollada ante la Comisión de Gobierno Interior, la profesional subrayó que esta situación se traduce en costos para el Estado, lo que puede aumentar el gasto público cuando las instituciones deben contratar personal de reemplazo.
Informó que en el estudio se constató que 485 funcionarios públicos permanecían bajo suspensión preventiva. Detalló que algunos se encuentran en esta condición desde 2020.
Asimismo, advirtió que las demoras en este tipo de procedimiento perjudican la eficiencia de la gestión pública generando costos para el Estado. Al respecto, especificó que solo en los diez casos más prolongados, se estimó un gasto superior a 671 millones de pesos en remuneraciones.
La investigación identificó a 392 funcionarios con suspensiones superiores a un año, de los cuales 30 acumulaban períodos de tres años o más. Además, detectó que 14 funcionarios desarrollaban otras actividades remuneradas durante su suspensión.
Medidas de la Contraloría
Frente a tales resultados, se comunicó que la Contraloría asumirá la tramitación de los 30 sumarios más prolongados. Junto a esto, exigió a las instituciones revisar las suspensiones superiores a un año, acelerar los procedimientos y determinar eventuales responsabilidades administrativas por las demoras.
Asimismo, implementó un sistema de seguimiento para prevenir nuevos retrasos y anunció fiscalizaciones complementarias en 11 servicios públicos.
El informe indica que la suspensión preventiva busca resguardar las investigaciones y proteger a los denunciantes. Por otra parte, advirtió que esta prolongación excesiva puede resultar desproporcionada y afectar la eficiencia de la administración pública.
Sumarios administrativos: preocupa extensa duración
Durante el debate, las y los parlamentarios manifestaron su preocupación por la excesiva duración de los sumarios administrativos y la falta de sanciones a los fiscales investigadores responsables de su tramitación. En esta línea, plantearon la necesidad de establecer plazos y fortalecer los mecanismos de control.
Además, solicitaron información sobre los sumarios que no contemplan suspensiones preventivas y su impacto en el funcionamiento de los servicios públicos, consultando sobre los mecanismos para establecer responsabilidades disciplinarias.
Igualmente, abordaron la incertidumbre que enfrentan tanto los funcionarios investigados como las personas denunciantes ante procedimientos que se extienden por años. En particular, mencionaron las dificultades que surgen cuando las denuncias involucran a directores de servicios y sus consecuencias.
En dicho contexto, plantearon la necesidad de abordar el problema de manera integral, mediante un trabajo conjunto con el Ejecutivo que permita mejorar los procedimientos, garantizar los derechos de los funcionarios y asegurar la continuidad de los servicios públicos.
Otros proyectos de ley abordados
Durante la jornada, la comisión también escuchó a la diputada Claudia Mora, una de las autoras del proyecto que modifica la Ley de Rentas Municipales para ampliar el plazo de vigencia de las patentes municipales provisorias (boletín 18576). Con su exposición, la instancia inició la discusión general de la iniciativa.
Asimismo, comenzó el debate en general del proyecto que modifica la Ley 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, en materia de régimen funcionario (boletín 18728). En la ocasión, expuso el presidente de la Asociación Nacional de funcionarias y funcionarios de la Contraloría General de la República, Cristopher Roldán.