En cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, la ministra del ramo, Francisca Toledo, entregó ante la Sala de la Cámara la cuenta pública sobre el estado de avance del Programa de Regulación Ambiental (PRA) 2024-2025.
Indicó que el reporte del PRA comprende 123 instrumentos normativos comprometidos, cuatro de categorías de planificación, más otros especiales. Entre estos últimos se contabilizan más de 90 solicitudes pendientes de declaraciones de humedales urbanos y 15 con sentencias judiciales; áreas protegidas privadas y zonas saturadas.
Relató que, a junio de este año, de los 123 instrumentos, 21 están publicados o vigentes; 41 se encuentran en consulta pública o en etapas finales de tramitación; 50 en etapa de elaboración y tres en revisión; y ocho pendientes o devueltos.
Comunicó que los de mayor avance son los relativos a las categorías de aire y de biodiversidad y recursos naturales; le siguen las de agua, cambio climático, residuos y economía circular, junto con el programa de recuperación ambiental y social. Posteriormente, la ministra pasó a relatar cada uno de los instrumentos, por área y estado de avance.
Finalmente, resaltó que el ministerio se encuentra en proceso de publicación del PRA para el bienio 2026-2027.
Opiniones de las y los diputados
Expusieron su opinión sobre este tema Eileen Urqueta, Jaime Bassa, Nathalie Castillo, Cristóbal Urruticoechea, Andrea Macías, René Alinco, Carlos Carvajal, Luis Pardo y José Antonio Kast Adriasola.
Algunas de las inquietudes presentadas tuvieron que ver con normas pendientes o situaciones atingentes a los distritos de cada diputado o diputada. Así, por ejemplo, se consultó sobre las fuentes de agua en la región de Coquimbo; el plan de descontaminación ambiental en Aysén; el futuro del área marina protegida de múltiple uso Atacama-Coquimbo; y el programa de regulación ambiental 2024-2025 para la región de Tarapacá.
Otras intervenciones fueron en la línea de criticar o apoyar la gestión del ministerio. En el primer grupo se sostuvo que no existe continuidad respecto de la administración anterior, refutándose en particular el retiro de todos los decretos pendientes en fase de toma de razón en la Contraloría. Se planteó que la decisión no fue clara, ni tampoco el calendario de reingreso, incertidumbre que afecta a la salud y la calidad de vida de las personas.
Por otro lado, hubo quienes defendieron las decisiones adoptadas por la cartera. Así, se valoró que se revisaran reglamentos y normas que no contribuían a que exista un adecuado equilibrio entre la necesidad del desarrollo económico y humano y la debida protección del medioambiente.
Finalmente, la ministra Toledo remarcó que en el ministerio existe preocupación de que cada una de las medidas e instrumentos se ejecuten. “No hay peor política pública, no hay peor política ambiental que la que se dice, se comunica y no se cumple”, acotó.
Afirmó que no hay ninguna afectación a la continuidad de los deberes legales del ministerio. Planteó que, lo mínimo que hace una autoridad responsable cuando llega, es revisar, no solo la parte presupuestaria y la implementación de las leyes, sino también los reglamentos en tramitación en Contraloría. “Hemos encontrado errores profundos en temas complejos”, acusó.