Por 104 votos a favor, 19 votos en contra y 14 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la renovación, por 30 días, del estado de excepción en la macrozona sur, extensión que comenzará a regir una vez que venza el decreto previo, el próximo 22 de septiembre.
Según el reporte del Ejecutivo, desde el 18 de mayo de 2022 hasta el 30 de agosto de 2026, Carabineros reporta 722.634 controles: el 65% de ellos vehiculares y el 35% de identidad. Simultáneamente, se concretó la detención de 1.491 personas en el contexto de servicios por el estado de excepción.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, resaltó que, en materia de orden, al 30 agosto se observa una disminución del 24% de eventos de violencia rural en las provincias bajo la medida, en comparación a 2025. Y, respecto de 2021, la reducción alcanza a un 85%.
En todo caso, reconoció que no todos los indicadores son positivos. Así, reveló que subsiste la preocupación por el tráfico de armas, que experimentó una leve tendencia al aumento. Su circulación implica un foco de inseguridad que justifica el despliegue extraordinario de fuerzas policiales y militares, posibilitado por el estado de excepción.
En cuanto a desarrollo, dijo que se siguen líneas de trabajo anteriores, en pro de cerrar brechas de infraestructura. De tal modo, al cierre de julio, se terminaron 23 obras de conectividad vial, agua potable rural e infraestructura hidráulica, que permitieron habilitar 809 arranques de agua potable y 220 kilómetros de caminos.
Finalmente, respecto de reparación, informó que se presentó una indicación sustitutiva en el Senado al proyecto de reparación de víctimas. Entre otras medidas, permitirá el acceso al Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, para tención física y mental; restauración o reposición de inmuebles y bienes productivos; acceso preferente y beneficios en siete programas habitacionales; financiamiento de estudios de educación superior de las víctimas; y exención del 100% de impuesto territorial de inmuebles ocupados ilegítimamente o inhabitables a consecuencia de un hecho susceptible de reparación, entre otros beneficios.
Del debate
En el debate participaron Cristian Neira, Diego Vergara, Luis Sánchez, Enrique Bassaletti, Andrea Parra, Tomás Kast, Flor Contreras, José Montalva y Diego Schalper.
En general, todos anunciaron su voto favorable a mantener el estado de excepción. Dijeron entender la necesidad de mantener la medida dado que persisten los hechos de violencia en la macrozona.
Sin embargo, de igual modo, se pidió avanzar en un proceso de desescalamiento de este sistema que opera ya por más de cuatro años. “¿Tendremos que rechazar para conocer una política de largo plazo para La Araucanía?”, planteó una legisladora. Asimismo, se puso en cuestionamiento el apoyo a las provincias bajo el estado de excepción, puesto que experimentarían una reducción en sus presupuestos, según habrían comunicado algunas comunas.
Por otra parte, se pidió avanzar en otras herramientas alternativas. En este contexto, se mencionaron la reforma a los estados de excepción y la norma sobre uso de la fuerza, para identificar, detener y sacar del ejercicio de la violencia a terroristas y ladrones.
Restitución de ciudadanía
La Sala de la Cámara también aprobó una propuesta despachada por la Comisión de Gobierno Interior y que se originó en una moción (boletín 18532) del diputado Mario Olavarría. Su objetivo es la rehabilitación de la nacionalidad chilena a Adolfo José Ochagavía Hubner.
Ochagavía nació en Santiago, el 27 de noviembre de 1992, hijo de padre y madre chilena. En noviembre de 2012, se estableció en los Países Bajos, luego que se le encomendara, en su condición de numerario del Opus Dei, radicarse en dicho país. El objetivo era desarrollar “la misión apostólica de su institución e impulsar diversas labores de formación católica, muy especialmente, en el mundo del trabajo.
Cumpliendo el cometido asignado, obtuvo el grado de magíster en ciencias de la computación y desarrolló sus tareas misioneras, sin perjuicio de ejercer su profesión. Sin embargo, se vio severamente condicionado, en el ejercicio de sus actividades, tanto espirituales como profesionales, por carecer de un pasaporte europeo. De ahí que, en 2021, pasó a la naturalización en los Países Bajo, ocasión que se le obligó a renunciar a la nacionalidad chilena.
A comienzos de 2025, motivos de salud, determinaron su regreso definitivo a Chile. Desde entonces, efectuó todos los trámites necesarios para recuperar la nacionalidad chilena.
El texto pasó a segundo trámite, tras reunir 120 votos a favor y 17 abstenciones, tanto en general como en particular.