La Cámara aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que prorroga el plazo para regularizar la inscripción de derechos de agua. El proyecto se aprobó por 126 votos a favor, 4 abstenciones y 5 diputados que se inhabilitaron para esta votación.
La iniciativa corresponde a dos mociones parlamentarias (boletines refundidos 18.157 y 18237) cuyo fin es hacerse cargo del plazo perentorio para poder regular los derechos de aprovechamiento de agua y la inscripción de los mismos, establecidos en la Ley 21.435.
Durante el debate se reconoció que el plazo contenido en la ley original se ha debido extender en diversas oportunidades. El plazo vigente vence el 6 de abril de 2027 y, por ello, el texto aprobado en primer trámite en la Cámara modificó en la citada ley la referencia a cinco años por 10 años. De esta manera, el nuevo plazo para regular los derechos de aguas vencería el 6 de abril de 2032. Además, fijó como excepción a este plazo los derechos de aprovechamiento no inscritos cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas. Para estos casos, el tiempo límite será de once años, es decir, hasta abril de 2033.
Modificaciones del Senado
En su paso por el Senado este añadió un procedimiento para “deducir la oposición” a la inscripción de derechos de agua, para aquellos titulares de derechos de aprovechamiento inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de bienes Raíces competente, sobre las mismas aguas o en la misma fuente natural.
Asimismo, dispuso que, sin perjuicio del procedimiento individual de regularización, se permitirá la realización del procedimiento en forma colectiva a través de una organización inscrita en el Registro Público de Organizaciones de Usuarios del Catastro Público de Aguas y/o, en su caso, en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces.
Apoyo técnico
En los discursos hubo un apoyo general y transversal a esta prorróga. Sin embargo, con cuestionamientos a la obligación establecida en la ley, porque el proceso ha sido engorroso. Además, se criticó la falta de capacidad del Estado para acompañar a los usuarios, lo cual ha implicado que existan miles de permisos de inscripción de derechos de agua pendientes.
También se relevó la importancia de este proyecto, principalmente para la población de territorios rurales, porque la ley no consideró las dificultades de información y acceso a servicios en esas zonas.
En ese sentido, se valoró la modificación del Senado que incluyó la posibilidad de realizar la regularización en forma colectiva, lo cual favorece a miles de pequeños agricultores.
Intervinieron: Hotuiti Teao, Eileen Urqueta, Sebastián Cristoffanini, Fernando Ugarte, Bernardo Salinas; José Antonio Kast Adriasola, Daniel Lilayu, Carolina Cucumides, René Alinco, Javier Olivares; Diego Vergara, Sofía González, Ricardo Neumann, Juan Carlos Beltrán, Marcos Ilabaca; Cristian Menchaca, Guillermo Valdés, Omar Sabat, Ignacio Urcullú, Joanna Pérez; Jaime Coloma, Francisco Crisóstomo, José Antonio Rivas, Flor Weisse, Emilia Nuyado, Benjamín Moreno y Eduardo Cretton.