Tras escuchar la opinión del ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, respecto del proyecto que ordena la realización anual y aleatoria de control de drogas al personal de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública, la instancia del ramo rechazó en general la propuesta, al no alcanzar el quórum de aprobación.
El texto (boletín 17.709) modifica la Ley 20.000, que regula y sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, para establecer que será responsabilidad de la autoridad superior de cada organismo prevenir el uso indebido de drogas “debiendo ordenar la realización anual y aleatoria de controles de consumo de toda su dotación”.
El proyecto recuerda que esta ley ya estipula el control de drogas en las instituciones de las FF.AA., así como en las de Orden y Seguridad, pero no indica cuándo se deben llevar a cabo, quedando esto sujeto a un reglamento.
Asimismo, los autores de la moción parlamentaria recuerdan que actualmente existen una serie de autoridades que ya están obligados a realizar el control de drogas.
Costo del testeo y efecto sorpresa
En la sesión, el ministro de Defensa expuso cómo son actualmente dichos controles. Al respecto, entregó cifras y los procedimientos normados en cada rama castrense (ver presentación).
Al respecto, indicó que el sistema actual tiene una selección aleatoria e imprevista, para maximizar el efecto disuasivo. Por ello, señaló, exigir por ley que “toda la dotación” sea examinada cada año convierte el control en un trámite anunciado, previsible y logísticamente inabordable, sobre todo en unidades fronterizas de dotación reducida o en operaciones activas.
Asimismo, estimó que dichos controles podrían llegar a un costo de 40 millones de dólares por año. Sobre este punto, diversos legisladores manifestaron que el proyecto debería ser inadmisible ya que genera gasto fiscal, materia que solo puede ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Por el contrario, desde las bancadas promotoras del proyecto se remarcó que es el propio gobierno el que ha instalado un estándar más alto y que, por ello, es necesario avanzar en un mayor control al interior de las fuerzas armadas y de orden.
Con el rechazo a la idea de legislar, el texto pasará a la Sala, que será la que deba resolver si el proyecto prosigue o no su tramitación legislativa.
