Expresar la preocupación de la Cámara de Diputadas y Diputados, por la ausencia de iniciativas legislativas en materia de seguridad rural, es el objeto del Acuerdo 28 aprobado por la Sala, con 84 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones.
El texto critica la no incorporación de proyectos de esa índole en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
El acuerdo, promovido por el diputado Felipe Camaño, advierte que las zonas rurales enfrentan un aumento de delitos como el abigeato, robo de maquinarias, usurpación de terrenos, tráfico de drogas y otros ilícitos vinculados al crimen organizado.
Asimismo, que un 80% de los agricultores han sido víctimas de robos durante el último año y que los delitos cometidos con uso de la fuerza han aumentado en un 65%.
El citado acuerdo sostiene que la delincuencia en sectores rurales ha evolucionado hacia formas cada vez más organizadas, afectando no solo la seguridad de las comunidades, sino también la actividad productiva y el desarrollo económico de estos territorios.
Evaluar modificaciones
En materia de resoluciones, además, la Sala aprobó dos resoluciones promovidas por la diputada Ximena Ossandón. La solicitud 62 solicita al Presidente de la República impulsar una política nacional que facilite a las familias el cumplimiento de la ley de tenencia responsable de mascotas, especialmente, en sectores vulnerables.
La propuesta plantea implementar un programa de atención veterinaria accesible que incluya vacunación, esterilización, atención primaria y tratamientos esenciales. Esto, a través de las municipalidades, operativos territoriales y convenios con clínicas privadas.
En ese sentido, propone fortalecer con mayores recursos y capacidades a los municipios. Igualmente, desarrollar campañas para prevenir el abandono y evaluar mejoras a la Ley 21.020, en materia de fiscalización y acceso a prestaciones veterinarias.
En tanto, la resolución 63 pide al Primer Mandatario evaluar la modificación de los criterios de acceso al “Programa 4 a 7”. Este corresponde a una política pública orientada a reducir las brechas estructurales que afectan a mujeres en su inserción y permanencia en el mercado laboral.
El programa facilita la autonomía económica de las mujeres, ofreciendo espacios seguros de cuidado para niños y niñas entre 6 y 13 años, durante el horario posterior a la jornada escolar.
El documento, además, pide adoptar las medidas que sean necesarias para permitir la incorporación de hombres como beneficiarios del plan, en aquellos casos en que estos ejerzan el cuidado personal de niños y niñas.