Seguridad Ciudadana despacha proyecto que extiende legítima defensa privilegiada

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Ministro de Seguridad Pública Martín Arrau participó en debate de proyecto sobre legítima defensa privilegiada

Extender la figura de legítima defensa privilegiada a funcionarios de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad cuando se encuentren en calidad de franco es el fin del proyecto aprobado y despachado a Sala por la Comisión de Seguridad Ciudadana (boletín 16300).

La moción busca ampliar el alcance de la ley 21.560, conocida como Naín Retamal. En ella se estableció una presunción de legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales, de Gendarmería y de las Fuerzas Armadas cuando cumplen labores de orden público y seguridad pública interior. Sin embargo, la redacción vigente deja fuera de esta protección a quienes intervienen para repeler una agresión encontrándose fuera de servicio.

Por esto, el proyecto establece que esta presunción de legítima defensa privilegiada también se aplicará a los funcionarios de las FF.AA. o de Orden y Seguridad Pública que, en calidad de franco, repelan o impidan una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida, o las de un tercero. Además, establece que dicha actuación puede realizarse mediante el empleo de armas o cualquier otro medio de defensa.

Propuestas para precisar legítima defensa privilegiada

Diputado Raúl Leiva en debate de proyecto sobre legítima defensa privilegiada

Durante la tramitación del presente proyecto, se presentaron dos indicaciones que buscaron acotar o precisar el alcance de esta figura, pero que fueron rechazadas por la instancia.

La primera, del diputado Patricio Pinilla, acotaba las agresiones a aquellas realizadas con armas, ataques ejecutados por dos o más personas en condiciones que pudieran causar lesiones graves o la muerte, o actuaciones destinadas a impedir determinados delitos. Pero, excluía la aplicación de dicha presunción cuando la agresión hubiera cesado, cuando el funcionario la hubiera provocado o cuando se encontrara suspendido o inhabilitado para ejercer sus funciones.

La segunda, en tanto, del diputado Raúl Leiva, proponía que la circunstancia de encontrarse de franco no excluyera la aplicación de la legítima defensa privilegiada, siempre que la actuación del funcionario se realizara en razón de su cargo. O, añadía, con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo del orden público y la seguridad pública interior.

El rechazo de ambas propuestas se fundó en que las restricciones propuestas podían terminar excluyendo situaciones que precisamente se busca resguardar a través de este proyecto. En esa línea, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sostuvo que especificar hipótesis de aplicación puede dejar desprotegidos a funcionarios policiales en casos no previstos. Por esto, defendió la redacción original de la iniciativa, argumentando que permite abarcar una mayor variedad de escenarios.