Sobre la base de casi un centenar de indicaciones, la Comisión de Desarrollo Social inició la votación del articulado del proyecto (boletín 18255) que establece un beneficio fiscal de compensación por la compra de pañales y de medicamentos y que, en su primer año de implementación, tendría un costo fiscal aproximado de USD100 millones.
En la jornada, se respaldó el objeto de la propuesta, esto es, definir una bonificación para la compra de los bienes ya mencionados. Esta será mensual y se calculará como el equivalente a un reembolso del Impuesto al IVA, teniendo como tope el correspondiente a compras referenciales de dichos productos, según los parámetros definidos en el reglamento que se dispondrá para estos efectos.
Este beneficio fiscal no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno. Asimismo, esta bonificación no alterará, de ninguna forma, el tratamiento tributario del Impuesto al Valor Agregado aplicable a la venta de pañales y medicamentos.
Esta norma, como gran parte de las disposiciones aprobadas en la ocasión, se respaldó en forma unánime con una adición planteada por Andrea Macías y Gustavo Gatica. A través de ella se aclara que la bonificación no podrá considerarse para efectos de la determinación, mantención o cálculo de otros beneficios, subsidios, prestaciones o programas sociales otorgados por el Estado.
En contra posición, se rechazaron o se declararon inadmisibles otras propuestas que, en general, venían a ampliar el ámbito de aplicación de la ley. Así, por ejemplo, desde el PPD se planteaba aplicar esta bonificación a la compra de suplementos alimenticios para personas con alergias alimentarias o algún tipo de intolerancia o para anteojos ópticos y productos oftalmológicos.
Tal como expresaron legisladores como Juan Marcelo Valenzuela y Zandra Parisi, la idea puede ser positiva, pero ello restaría el impacto que el beneficio fiscal tendría, pues el mismo monto fiscal se distribuiría en más factores. Diputados como Tomás Kast y Sara Concha también evaluaron que la finalidad puede ser meritoria, pero coincidieron en que la norma irrogaría gasto fiscal y excedería el propósito del proyecto, punto que ratificó el subsecretario de Hacienda (S), Tomás Bunster.
Otros puntos abordados
El grupo parlamentario también avanzó en el marco de definiciones, con la aprobación de indicaciones parlamentarias y del Gobierno. Un punto relevante en esta materia fue especificar que los medicamentos objeto de bonificación no estarán financiados a través del GES u otro sistema público.
Igualmente, se respaldaron algunas precisiones propuestas por el Ejecutivo en materia de administración del beneficio fiscal, encargado al Instituto de Previsión Social (IPS).
En este marco, hubo un mayor debate en torno a una enmienda planteada por el PDG que venía a exponer un plazo de quince días para la respuesta del IPS a las solicitudes presentadas, exigiendo, además, una justificación ante eventuales rechazos de estas. Según aclaró la diputada Flor Contreras, la idea es que las personas tengan claridad en cuanto a los plazos y saber las causas de la denegación del beneficio fiscal, de modo que esto se pueda corregir.
El subsecretario dijo entender la lógica, pero pidió rechazar la indicación para preparar una mejor redacción en el trámite restante, que incluya un periodo de respuesta más ajustado a la realidad del IPS.
Al término de la sesión, la presidenta de la comisión, diputada Tamara Ramírez, y el diputado Sebastián Cristoffanini, valoraron el avance y destacaron el buen ánimo del grupo parlamentario y del Ejecutivo para llegar a consensos, hecho que propinó un respaldo amplio en las materias ya sancionadas.
Además, adelantaron que se sesionará en forma especial este miércoles 5 de agosto, con la idea de despachar el articulado en su totalidad. En este conjunto, por ejemplo, se considerará una indicación del Gobierno, solicitada por las y los diputados, que amplía el beneficio de compra de pañales. Así, el beneficio fiscal se extendería ahora a tres grupos:
- Madres, padres, representantes legales o personas que tengan legalmente a su cuidado de niños y niñas de hasta 24 meses de edad.
- Personas mayores de 65 años de edad que presenten alguna de las condiciones de salud establecidas en el reglamento.
- Personas con discapacidad mayores de 24 meses y menores de 65 años, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, que presenten alguna de las condiciones de salud establecidas en el reglamento.