Dos proyectos refundidos que buscan regular la instalación de asentamientos irregulares en bienes nacionales de uso público -conocidos como “rucos”- analizó la Comisión de Gobierno Interior.
Una de las mociones sanciona la ocupación de estos espacios mediante instalaciones precarias que sirven de base para la comisión de delitos (boletín 18329). La segunda modifica los códigos Penal y Procesal Penal para tipificar como delito el empleo de bienes públicos o de libre acceso al público para habitar o pernoctar (boletín 18349).
Durante la sesión expuso en primer lugar la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf. En su presentación sostuvo que la proliferación de instalaciones precarias constituye una preocupación para el Estado. Sin embargo, enfatizó que la situación de calle responde a un fenómeno social complejo, cronificado y multicausal, que requiere respuestas que trasciendan el ámbito de la seguridad pública.
Asimismo, señaló que factores como problemas de salud mental, consumo problemático de alcohol y drogas, exclusión laboral, pobreza persistente y dificultades de acceso a vivienda confluyen en este fenómeno.
En cuanto a las cifras, señaló que 20 mil personas aparecen identificadas en registros oficiales de situación de calle y que más de 50 mil personas se vincularon con programas estatales durante 2025.
A modo de conclusiones, la ministra afirmó que una respuesta exclusivamente penal corre el riesgo de trasladar el problema de un territorio a otro sin resolver sus causas profundas. Por ello, expuso los instrumentos que desarrolla actualmente el ministerio, que considera un nuevo modelo de intervención y un protocolo interinstitucional para la gestión de rucos y la recuperación de espacios públicos.
Conductas penalizadas
En la sesión, también expuso el ministro de Justicia, Fernando Rabat. En su intervención señaló que varias de las conductas descritas en las mociones ya se encuentran penalizadas. Entre ellas mencionó delitos asociados al porte ilegal de armas, receptación de especies robadas, tráfico de drogas y otras infracciones contenidas en leyes especiales.
Asimismo, señaló que se deben considerar principios fundamentales del derecho penal, como la existencia de mecanismos menos lesivos y la proporcionalidad de las penas propuestas. Del mismo modo, instó a definir con claridad el bien jurídico que estas iniciativas buscan proteger.
En sus conclusiones, el ministro señaló que los rucos reflejan un problema social donde convergen múltiples factores económicos, habitacionales y de exclusión social. Por ello, propuso diferenciar aquellos casos utilizados para cometer delitos o afectar gravemente la convivencia de aquellos vinculados a situaciones de vulnerabilidad. Y, en esta línea, sugirió penalizar conductas persistentes que afecten el uso de los bienes públicos pese a la intervención previa del Estado.
Posiciones frente al problema de los rucos
Finalmente, expuso en la comisión Karina Soto, representante de la Fundación Juntos en la Calle. En su exposición planteó que el debate legislativo debe evaluar si existe un vacío normativo que justifique la creación de nuevos delitos.
Además, llamó a analizar si las propuestas respetan los principios del derecho penal y si existe evidencia de que serán efectivas para alcanzar los objetivos perseguidos. Esto, porque la evidencia internacional apunta a que las soluciones más efectivas combinan herramientas de seguridad, gestión municipal, acceso a vivienda, atención en salud mental, tratamiento del consumo problemático y acompañamiento social.
Tras las exposiciones, las y los diputados coincidieron en que la ocupación de espacios públicos constituye una preocupación creciente para las comunidades y los municipios.
Algunas opiniones valoraron el enfoque integral presentado por el Ministerio de Desarrollo Social. Sobre todo, poniendo énfasis en que el fenómeno requiere respuestas que combinen intervención social, salud mental y recuperación de espacios públicos.
Del mismo modo, señalaron que no todos los problemas derivados de la situación de calle deben resolverse mediante la creación de nuevos delitos.
Sin embargo, otras intervenciones enfatizaron que los asentamientos irregulares también generan problemas de seguridad y afectan la calidad de vida de quienes residen en sus alrededores. En esta línea, plantearon la necesidad de dotar a los municipios de más herramientas para enfrentar estas situaciones y complementar las políticas sociales con mecanismos sancionatorios.