La Comisión de Medio Ambiente inició el análisis de las normas ambientales contenidas en el proyecto (boletín 18216) para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social.
La propuesta modifica diversas normas ambientales, administrativas, pesqueras y patrimoniales, entre ellas, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la Ley de Monumentos Nacionales.
En la jornada expuso el ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz. Entre los principales cambios se propone eliminar la obligación automática de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para relocalizaciones de concesiones acuícolas y eximir de evaluación ambiental a las micro relocalizaciones cartográficas.
Asimismo, se reemplaza la caducidad de concesiones acuícolas por inactividad por un sistema de cobros progresivos por no uso, fortalece la coordinación ambiental entre organismos públicos y agiliza la elaboración de informes técnicos y ambientales en acuicultura.
La propuesta también crea un mecanismo de restitución de gastos para titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada judicialmente, con el objetivo de entregar mayor certeza jurídica a la inversión. Según Hacienda, la simplificación de permisos podría generar un aumento acumulado del PIB de 2,9% en diez años. (Ver presentación)
Propuesta ambiental
La exposición de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo abordó en detalle las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y a la institucionalidad ambiental. Entre las principales medidas, se elimina el umbral de 3 MW para el ingreso obligatorio de proyectos energéticos al SEIA y se establece que el reglamento definirá la obligatoriedad según tipo de tecnología e impactos ambientales.
El proyecto también exime de nueva evaluación ambiental a mejoras tecnológicas en proyectos que ya cuenten con RCA favorable, siempre que no impliquen impactos ambientales significativos. Además, limita mecanismos de reclamación contra las RCA, fortalece la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental y crea un régimen especial voluntario de tramitación ambiental para reducir observaciones y acelerar procesos.
La iniciativa, además, fija plazos máximos para medidas cautelares que paralicen proyectos con RCA favorable, amplía plazos de implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y simplifica trámites ante el Consejo de Monumentos Nacionales, incluyendo la creación de “intervenciones menores” que podrán ejecutarse con aviso electrónico y sin autorización previa. (Ver presentación)
Críticas
El diputado Jaime Bassa criticó el avance de la discusión en la Comisión de Medio Ambiente y señaló que, hasta ahora, el debate ha sido “decepcionante”, porque no se ha profundizado en las tensiones de fondo de la iniciativa.
El parlamentario afirmó que el Ejecutivo ha defendido su propuesta sin abordar temas complejos planteados por la Corte Suprema en materia de justicia ambiental. Además, cuestionó que la comisión deba revisar en poco tiempo una reforma al sistema de evaluación ambiental que ya fue aprobada por el Senado y que, a su juicio, contiene artículos contradictorios.
El diputado Bassa también manifestó preocupación por mecanismos que, según indicó, funcionarían como una especie de “seguro” para inversionistas que pierdan resoluciones ambientales, así como por normas que aceleran los tiempos de implementación. En esa línea, sostuvo que el proyecto instala la idea de que el crecimiento económico sería incompatible con la protección del medio ambiente.
Cronograma
Para el presidente de la comisión, Guillermo Ramírez, la instancia realizó una discusión “profunda y seria” del proyecto durante más de cuatro horas y expresó su expectativa de que ese tono se mantenga hasta la votación de los artículos e indicaciones.
El parlamentario sostuvo que la oposición presentará propuestas para perfeccionar la iniciativa y afirmó que la mayoría oficialista las debatirá “con altura de miras”.
Respecto de las observaciones realizadas por la Corte Suprema, indicó que estas deben ser consideradas y, eventualmente, incorporadas si ayudan a mejorar el texto. Sin embargo, cuestionó que algunos sectores hayan interpretado dichas observaciones como un rechazo al proyecto.
En esa línea, afirmó que ni la Corte Suprema ni organismos internacionales como el FMI han planteado rechazar la iniciativa, sino que han formulado sugerencias para perfeccionarla.
Sobre el debate legislativo, defendió el derecho de los parlamentarios a presentar indicaciones, aunque pidió hacer un “buen uso” de esa facultad para mantener una discusión ordenada y eficiente.
Finalmente, señaló que la comisión fue citada para el lunes 18 de mayo en Valparaíso y manifestó su expectativa de despachar el proyecto en una sesión de entre tres y cuatro horas, antes del inicio de la Sala, para avanzar en la elaboración del informe respectivo.
Especialistas
En la sesión estuvo presente Benjamín Cornejo, abogado de incidencias y seguimiento de la Fundación Chile Sustentable. La presentación advirtió riesgos ambientales, jurídicos y constitucionales asociados a la iniciativa. (Ver documento)
También intervino el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Pablo Méndez, quien sostuvo que el objetivo del proyecto —entregar mayor certeza a los titulares de proyectos y reducir la litigiosidad contra las RCA— es legítimo. Sin embargo, advirtió que algunas medidas podrían aumentar los conflictos judiciales y debilitar la protección ambiental. (Ver documento)
