Durante la presente semana legislativa, la Cámara de Diputadas y Diputados adoptó sendos acuerdos para manifestar su preocupación por decisiones adoptadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast y sus posibles efectos sobre los hogares de miles de familias chilenas.
En primer lugar, el Acuerdo N°10, aprobado con 75 votos a favor, 58 en contra y 11 abstenciones, apunta al riesgo de que más hogares caigan en situación de pobreza y aumente la desigualdad.
El texto releva el impacto del alza del costo de la vida, especialmente en las familias chilenas de menores ingresos, derivado de las decisiones de política fiscal y económica. En particular, la eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que habría trasladado a los hogares la volatilidad del precio internacional del petróleo, afectando no solo a las bencinas, sino también al transporte y a diversos bienes y servicios básicos.
Asimismo, el texto impulsado por la diputada Carolina Tello, plantea la necesidad de que la “eventual reforma tributaria” vinculada al proyecto de Reconstrucción Nacional sea evaluada con criterios de progresividad, justicia social y diálogo técnico amplio.
En segundo lugar, la Cámara acordó también un pronunciamiento remitido al Presidente Kast, motivado en la recomendación realizada por el Ministerio de Hacienda para descontinuar programas, en miras a la formulación de la Ley de Presupuestos 2027.
El Acuerdo N°11, promovido por el diputado Felipe Camaño, aborda el impacto de eliminar 15 programas dependientes del Ministerio de Educación, como el de Alimentación Escolar, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y el programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, PACE.
El texto enfatiza que estos entregan un aporte fundamental a miles de estudiantes, mayoritariamente de familias en situación de vulnerabilidad y que descontinuarlos “no solo representaría una absoluta ignorancia en su impacto en la educación pública, sino que agravaría las brechas sociales en un momento clave para el desarrollo nacional”.
La Sala respaldó la adopción de este acuerdo por 73 votos afirmativos, 54 en contra y 12 abstenciones.
Solicitudes de Resolución
En tanto, durante esta misma semana legislativa, la Sala de la Cámara respaldó la Solicitud de Resolución N° 9, que condena y califica como dictaduras a los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Esto, por su carácter autoritario y las reiteradas violaciones a los derechos humanos que durante las últimas décadas han ejercido en contra de millones de sus ciudadanos.
El texto impulsado por la bancada UDI respalda al Presidente José Antonio Kast, sobre la detención del narcodictador, Nicolás Maduro; y solicita al Mandatario denunciar ante los organismos internacionales las graves y sistemáticas vulneraciones a los derechos fundamentales cometidas en esos tres países.
El documento -que contó con 100 votos a favor, 20 en contra y 23 abstenciones- pide coordinar esfuerzos con otros países para impulsar iniciativas multilaterales para restablecer la democracia, garantizar elecciones libres y asegurar el respeto a los principios básicos en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Finalmente, condena las actitudes complacientes de algunos partidos y dirigentes políticos chilenos respecto a estos tres regímenes dictatoriales.
Igualmente, con 73 votos afirmativos, 56 negativos y 12 abstenciones, también se aprobó la Resolución N°10, presentada por esta bancada, que pide al Presidente Kast enviar un proyecto de ley para modificar la gobernanza del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La presentación busca que los consejeros del Instituto orienten su labor en el respeto y protección universal de los derechos humanos, sin sesgos en el ejercicio de sus funciones. En tal sentido, la resolución denuncia una captura política de la extrema izquierda en las decisiones del organismo.
Por estqa razón, puntualiza que la autonomía es un aspecto esencial para el funcionamiento de estas entidades y que lo anterior solo es posible cuando sus actuaciones responden a parámetros objetivos fuera del ámbito de influencia de otros servicios del Estado o de actores externos que puedan afectar su imparcialidad.