De acuerdo a la nueva Ley de Seguridad Privada, el próximo 28 de mayo vence el plazo para que ciertas entidades obligadas, como bancos, empresas de transporte de valores y estaciones de servicio, presenten nuevos estudios de seguridad acordes a los nuevos estándares. Sin embargo, la implementación de la medida evidencia retrasos significativos.
Por tal razón, la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó, por unanimidad, el proyecto propuesto por el Gobierno para extender el período para que las entidades obligadas presenten sus estudios de seguridad (boletín 18232).
Igualmente, se extenderá el plazo para la renovación de autorizaciones del personal de seguridad privada. Esto, porque la nueva legislación también estableció requisitos de capacitación y evaluación más exigentes. Empero, la capacidad institucional para entrenar y examinar a los trabajadores resulta insuficiente frente a la gran demanda de regularización.
En un principio, la norma del Ejecutivo proponía extender el plazo por seis meses, hasta noviembre de 2026. Sin embargo, tras las exposiciones de representantes del Gobierno, como de organizaciones de seguridad privada, junto a Carabineros, la comisión resolvió extenderlo por un año.
Problemas en implementación
En el proyecto, se argumenta que las empresas obligadas presentan dificultades para elaborar estudios de seguridad complejos en el plazo exigido. La normativa las obliga, además, a presentar un plan de seguridad por cada sucursal o instalación. Esto multiplica el volumen de trabajo de manera considerable.
En la sesión participó la subsecretaria de Prevención del delito, Ana Victoria Quintana. Alertó que otro problema identificado es que la infraestructura institucional y tecnológica aún no está completamente consolidada para soportar la transición. Explicó que la ley contempló la creación de una plataforma informática para centralizar los procesos de autorización, registro y gestión de la seguridad privada. Sin embargo, su implementación ha sido progresiva y, en varios aspectos, incompleta o inestable durante los primeros meses de funcionamiento.
Dicha realidad obliga a mantener mecanismos transitorios, como la tramitación a través de Carabineros o, incluso, mediante medios alternativos. Por lo tanto, se ralentizan los procesos y se generan cuellos de botella en la gestión administrativa.
Acreditación de personal de seguridad privada
Una realidad similar ocurre con la tramitación de autorizaciones para personas naturales. La subsecretaria señaló que, a mayo de 2026, una proporción importante de los procesos se encuentran pendientes. Esto reflejaría que el sistema aún no tiene la capacidad suficiente para absorber la demanda.
De hecho, expuso que gran parte de las habilitaciones se mantiene en estado de tramitación incompleta. Explicó que este desfase no responde únicamente a la alta demanda, sino, también, a limitaciones en los recursos humanos y operativos disponibles en las instituciones encargadas de fiscalizar y certificar. Esta situación fue ratificada por representantes de carabineros y de trabajadores de seguridad privada.
Frente a tal escenario, desde el Gobierno valoraron la posibilidad de otorgar más tiempo para que el sistema alcance un nivel adecuado de funcionamiento. Y reiteraron que el problema no radica en el diseño de la ley ni en sus objetivos, sino en las condiciones de implementación.
La ampliación de los plazos permitirá que la plataforma digital se estabilice, que las instituciones fortalezcan sus capacidades de gestión y que, tanto empresas como trabajadores, puedan cumplir con los requisitos sin enfrentar sanciones o interrupciones en sus actividades.