Con la aprobación de indicaciones presentadas por el Ejecutivo y legisladores, la Comisión de Educación aprobó y despachó a la Sala de la Cámara el proyecto que “establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa” (boletín 18156).
La iniciativa impulsada por el actual gobierno como Plan Escuelas Protegidas, está estructurado sobre la base de seis medidas que apuntan a enfrentar hechos de violencia cometidos al interior de establecimientos educacionales.
El presidente de la comisión, diputado Sergio Bobadilla, valoró su aprobación porque busca “recuperar el espacio educativo para los estudiantes que quieren ir a estudiar, a progresar y desarrollarse y no para quienes están destruyendo la educación en nuestro país”.
Asimismo, reiteró su postura a favor de restringir la gratuidad, porque no es correcto financiar estudios a quienes destruyen la educación.
Por su parte, el diputado Luis Pardo dijo que el proyecto entrega más herramientas para que las comunidades educativas puedan prevenir la violencia. Agregó, que apunta a fortalecer la autoridad de los profesores y directores, así como cautelar las aprehensiones de otros actores como los asistentes de la educación.
La ministra de Educación, a su vez, reiteró que el proyecto tiene como objetivo recuperar la seguridad de los espacios escolares. Asimismo, precisó sobre la medida que sanciona la interrupción de clases, que esta apunta a la “interrupción violenta”, pese a que el artículo no lo explicita.
Reservas de constitucionalidad
Las diputadas Emilia Schneider y Daniela Serrano, durante la sesión, realizaron diversas reservas de constitucionalidad a las normas aprobadas. A su juicio, estas vulnerarían derechos consagrados en la Constitución así como tratados internacionales.
La diputada Serrano, explicó que esto no se hace solo como un aviso preventivo. Dijo que, aunque hay que esperar la redacción final del proyecto concluidos todos los trámites legislativos, el objetivo es revisar cada norma y recurrir al Tribunal Constitucional.
Contenido del proyecto
El texto aprobado en la comisión, por mayoría de votos, dispone que los sostenedores podrán incorporar en sus reglamentos internos la medida de revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas, para evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan utilizarse para agredir a otros o atentar contra la infraestructura del establecimiento educacional.
Pero, “queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal“, punto propuesto por las diputadas Emilia Schneider y Daniela Serrano y aprobado por unanimidad.
El reglamento interno de cada establecimiento deberá establecer cuál es el personal expresamente autorizado para esto; el deber de evitar cualquier forma de contacto físico o exposición innecesaria de los involucrados y que la revisión se realice en lugares especialmente designados para ello.
Además, si tras la revisión “se hallaren elementos” como los descritos en la norma, los establecimientos comunicaran el hecho de inmediato a los padres y apoderados del estudiante, así como a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile.
Interrupción de clases
El proyecto también modifica el DFL N°2, del Ministerio de Educación, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, respecto de la norma que exige contar con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados; así como las normas de convivencia.
En dicha línea, el gobierno presentó una nueva redacción que señala que se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por estudiantes para impedir la realización de clases o que tengan como consecuencia directa la interrupción total o parcial de estas, o la suspensión de actividades académicas. Pero, se excluye aquellos cometidos involuntariamente.
El Ejecutivo planteó que esto último busca excluir los casos que puedan derivar de acciones de estudiantes con condiciones especiales.
La instancia, asimismo, aprobó una indicación de Valentina Becerra, Sergio Bobadilla, Paz Charpentier, Sara Concha, Ricardo Neumann, Luis Pardo, Germán Verdugo y Vergara que incluye las amenazas realizadas por algún miembro de la comunidad educativa, por cualquier medio, que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada.
Requisitos para la gratuidad
El último punto considerado en el proyecto es la norma que incorpora como requisito para obtener la gratuidad en la educación superior, no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad física de las personas, o contra la propiedad, pública o privada.
Junto a su aprobación (nueve votos a favor y tres en contra), la comisión también dio el visto bueno a otra indicación de diputados del oficialismo. Ella dispone que las instituciones de educación superior obligadas a otorgar estudios gratuitos suspenderán este beneficio si el estudiante es condenado por sentencia firme y ejecutoriada por este tipo de delitos.