La Cámara expresó su preocupación al Presidente de la República por el retiro del decreto que adjudicaba el estudio del proyecto ferroviario entre Valparaíso y Santiago, lo que detuvo su avance y dejó en suspenso su viabilidad y realización.
A través de la aprobación del Acuerdo 6, promovido por el diputado Nelson Venegas, se resalta que el 21 de marzo de 2023 la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Concesiones suscribieron un convenio destinado al desarrollo del proyecto ferroviario bajo un esquema de planificación gradual.
Este dispuso contratar un estudio integral -adjudicado por licitación- a un consorcio de consultorías especializadas, con experiencia nacional e internacional en proyectos de transporte. El objetivo era contar con antecedentes técnicos, económicos, financieros, ambientales y territoriales necesarios para adoptar una decisión pública informada.
Sin embargo, el actual gobierno retiró el decreto de adjudicación del estudio. Por ello, el acuerdo aprobado por la Cámara considera fundamental que el Poder Ejecutivo explique y entregue los fundamentos de esta decisión.
MEPCO
Un segundo acuerdo aprobado por la Sala de la Corporación en la presente semana, expresa su preocupación al Ejecutivo por el alza de combustibles. Sus autoras son las diputadas Daniela Serrano y Ana María Gazmuri.
El texto del Acuerdo 5 cuestiona la negativa del Gobierno de establecer nuevos decretos referidos al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), considerando las graves consecuencias económicas y sociales derivadas del significativo incremento de los precios.
En sus fundamentos, el texto recuerda que Chile es una pequeña economía abierta que recibe de lleno los impactos de las variaciones de la economía mundial, razón por la cual se creó en su momento el Mepco, para disminuir cambios abruptos y entregar certezas mediante un componente variable que permite equilibrar los precios y hacer frente a las oscilaciones del mercado. Sin embargo, en el documento se señala que el Gobierno anunció un cambio técnico, decisión política que derivó en que el MEPCO no opere como herramienta de contención de precios.
Junto a este acuerdo, la Cámara también respaldó la Solicitud de Resolución 31, que solicita al Ejecutivo adoptar una serie de medidas tributarias y energéticas, para paliar esta alza en el precio de los combustibles.
La iniciativa, que recibió 78 votos a favor, 46 en contra y 18 abstenciones, solicita mantener el actual impuesto a las grandes empresas. Además, eliminar exenciones y beneficios tributarios en el impuesto específico a los combustibles que favorecen a sectores de la gran minería, el transporte aéreo, marítimo y la industria forestal.
La resolución impulsada por la Bancada PPD e independientes, también propone rebajar el componente fijo de dicho impuesto para consumidores particulares para, de este modo, disminuir el precio de las gasolinas y su impacto en el costo de vida.
Golpe de Estado blando
En materia de Resoluciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Solicitud 4, presentada por la bancada UDI, que acuerda condenar, en todas sus formas, el intento de golpe de Estado blando que, en octubre de 2019, distintos sectores y partidos políticos de extrema izquierda, como el Frente Amplio y el Partido Comunista, avalaron en contra del entonces Presidente Sebastián Piñera.
El texto, aprobado por 69 votos a favor, 53 en contra y 13 abstenciones, añade que el único propósito era desestabilizar y derrocar -por medio de una violencia insurreccional- a un gobierno legítimamente electo por la ciudadanía, lo que derivó en una profunda crisis económica y de seguridad en todo el país, con efectos y consecuencias que continúan afectando a millones de familias y trabajadores chilenos.
Desórdenes públicos
Asimismo, por – 90 por votos afirmativos, 34 negativos y 5 abstenciones, se solicitó al Presidente de la República, vía Ministerio de Seguridad Pública y delegaciones presidenciales, la más severa reacción policial ante hechos de violencia, desórdenes y desmanes que alteren el orden público.
En el texto de la Resolución 25, impulsada por la bancada RN, las y los legisladores ponen el foco en las facultades del ministerio. Esto, para exigir que las autoridades utilicen sus atribuciones para enfrentar las manifestaciones públicas. Añaden que la sociedad, en su conjunto, muestra continuamente su descontento al vandalismo que suele envolverse en cada manifestación pública de carácter política o social.
Junto con ello, se señala que las delegaciones presidenciales regionales también tienen atribuciones de orden y de seguridad, para autorizar o impedir el desarrollo de reuniones públicas que puedan envolver hechos de violencia.
Trazabilidad del agua
En tanto, por unanimidad, la Sala acordó solicitar al Ejecutivo instruir a la Dirección General de Aguas la implementación de un sistema nacional de trazabilidad del agua. Esto con el objetivo de seguir su extracción, uso y destino final.
La medida busca mejorar los mecanismos de información, monitoreo y control sobre el recurso hídrico, en un contexto de crisis que se extiende por más de una década y que afecta el abastecimiento para consumo humano, la agricultura y los ecosistemas.
Según los antecedentes de la Resolución 26, promovida por la diputada Nathalie Castillo, la implementación de este sistema de trazabilidad permitiría fortalecer la fiscalización del Estado, mejorar la transparencia en la gestión y generar mayor información disponible sobre el uso del agua.
Ley de Adopción
Finalmente, también por unanimidad, la Sala de la Cámara pidió al Presidente de la República que adopte las medidas necesarias para la plena implementación de la nueva legislación en materia de adopción.
La Resolución 58, presentada por la diputada Pamela Jiles, solicita la pronta dictación de los reglamentos necesarios para la adecuada aplicación de la nueva Ley de Adopción. Asimismo, que se tomen medidas administrativas y reglamentarias para reducir los plazos asociados a la declaración de susceptibilidad de adopción con el find e evitar dilaciones innecesarias que afectan el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia.
El texto recalca que la excesiva duración de estos procedimientos generan efectos perjudiciales para el desarrollo emocional, psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes, prolongando innecesariamente su permanencia en programas de cuidado alternativo o residencias de protección.