La Sala aprobó y despachó al Senado el proyecto que modifica la ley N°18.415, orgánica constitucional de los estados de excepción, en materia de control de identidad (boletín 18.258).
La iniciativa aprobada en general, por 119 votos a favor y 27 en contra, faculta al personal de las Fuerzas Armadas desplegado en el marco de un estado de excepción constitucional de emergencia o catástrofe a efectuar control de identidad y detenciones. Esto con el fin de contribuir al resguardo del orden y la seguridad pública en el territorio afectado.
La norma analizada en dos sesiones, permite el control de identidad y el registro de vestimentas, equipaje o vehículos. También faculta al personal de las FF.AA. a realizar detenciones en caso de flagrancia, de acuerdo a las normas del Código Penal. Esto, con el único objeto poner al detenido a disposición de Carabineros o de la Policía de Investigaciones de forma inmediata y en el lugar más cercano posible.
Tras la votación, el diputado Marcos Ilabaca hizo presente en Sala una reserva de constitucionalidad. Indicó que, si bien comparte el objetivo del proyecto, se entrega a los efectivos de las FF.AA. funciones propias de las fuerzas de Orden y Seguridad Pública, alterando la distribución de competencias que la Constitución establece para estas instituciones, sin una habilitación constitucional expresa.
Debate por facultades de las FF.AA.
Para las/os legisladores que respaldaron esta propuesta, es necesario que los efectivos de las Fuerzas Armadas cuenten con las facultades propuestas, especialmente en las zonas donde se mantienen estados de excepción. Al respecto, señalaron que hoy resulta contradictorio que no puedan realizar este control de identidad, po lo que llamaron a avanzar en la aprobación del proyecto.
Asimismo, argumentaron que la norma no busca reemplazar las funciones de Carabineros ni de la Policía de Investigaciones, sino entregarles herramientas acotadas para el cumplimiento de sus labores. En dicho sentido, es una regulación razonable, con facultades específicas y no atribuciones ilimitadas.
Por último, dijeron que no altera la misión constitucional de las FF.AA., sino que regula una actividad de facto en los estados de excepción.
En una postura diversa, otros parlamentarios plantearon que entregar estas facultades a las Fuerzas Armadas no es un ajuste menor. Añadieron que esto modifica el alcance de las atribuciones que la Constitución establece para estas instituciones que cumplen funciones diferentes dentro del Estado.
Además, consideraron que la iniciativa genera un doble riesgo: por una parte, expone a la ciudadanía a que facultades invasivas sean ejercidas por efectivos que no cuentan con la formación policial para ello; y, por otra, justifica esta medida por la falta de dotación de Carabineros.
El diputado Eduardo Cretton informó el proyecto en la Sala. Luego intervinieron Ignacio Urcullú, Stephan Schubert, Javier Olivares, Ricardo Neumann, Marcos Ilabaca, Marcos Barraza, Germán Verdugo, Diego Schalper, Lorena Fries, Tomás Kast, Francesca Muñoz, Héctor Ulloa, Cristian Contreras, Raúl Leiva, Hans Marowski, Flor Weisse, José Montalva, Álvaro Carter, Catalina Del Real y Ximena Ossandón.
También hicieron uso de la palabra Ana María Gazmuri, Cristóbal Martínez, Andrea Parra, Nathalie Castillo, Cristian Neira, Macarena Santelices, Lorena Pizarro, Sergio Bobadilla, Carlos Cuadrado, Francisco Orrego, Roberto Arroyo, Javiera Rodríguez, Enrique Bassaletti, Jorge Guzmán, José Antonio Kast Adriasola, Juan Carlos Beltrán, Mario Olavarría, Sara Concha, Benjamín Moreno, Joanna Pérez y Jorge Díaz.
Asimismo, participaron Benjamín Lorca, Valentina Becerra, René Manuel García, Álvaro Jofré, Constanza Hube, Erich Grohs, Marisela Santibáñez, Luis Sánchez, Chiara Barchiesi, Daniel Lilayu, Andrés Celis, Omar Sabat, Cristián Tapia, José Carlos Meza y Claudia Reyes.
Ejecutivo
Finalmente, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, recalcó que el proyecto en trámite no modifica los requisitos legales para realizar controles de identidad ni altera las normas que regulan la detención por flagrancia. Agregó que tampoco reduce los mecanismos de control judicial ni cambia las responsabilidades administrativas, civiles o penales que puedan derivarse del uso indebido de las facultades que propone.
En tal línea, destacó que la norma responde a una realidad operativa. Señaló que el país ha enfrentado situaciones complejas en la macrozona sur, en la frontera norte y en emergencias derivadas de desastres naturales. En todas ellas, dijo, las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel fundamental en el control territorial y en la protección de la población.