Por segunda vez, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recibió a las autoridades del Ejecutivo del área: el ministro Francisco Undurraga y los subsecretarios Carlos Lobos (Cultura) y Emilio De la Cerda (Patrimonio). La idea fue que estos respondieron a las inquietudes que quedaron pendientes de la sesión anterior y a nuevas interrogantes planteadas por las y los diputados.
Uno de los puntos de mayor preocupación fue cómo afectará el recorte presupuestario a diversos programas y a fondos destinados a actores culturales. Sobre el punto, el ministro recalcó que “cumplirán con lo que la ley obliga”. Explicó que el 60% del presupuesto de la cartera ya está comprometido, porque los concursos se asignaron el año pasado y su financiamiento se concreta en el año en curso.
Agregó que mientras los decretos de recorte no estén firmados no existen certezas. Aclaró que la idea es mantener no solamente programas, sino aumentar lo relacionado con la seguridad. “La cultura es parte de la solución”, aseguró.
En tanto, el subsecretario Lobos indicó que defender el presupuesto de cultura es una batalla ardua que ha copado la agenda de trabajo. Recordó que, desde 2022 a 2026, la cartera presentó una variación positiva de 82% en su presupuesto. En este marco, la Subsecretaría del Patrimonio aumentó sus recursos en un 109%. Es decir, se experimentó un incremento total para el ministerio de 91,9%.
Especificó que esto se explica por las transferencias que se realizan a otras instituciones. Es el caso de la Subsecretaría de la Prevención del Delito y de los gobiernos regionales. Además, se cuenta con el apoyo a la inversión audiovisual de Corfo y a las universidades públicas colaboradoras con el acceso al arte y la cultura.
Pase Cultural
El ministro dijo que se mantiene el beneficio estatal destinado a jóvenes de 18 y 19 años del 60% del Registro Social de Hogares. Precisó que se corrigieron ciertos aspectos con BancoEstado, como eliminar la posibilidad de reversión de fondos por negación de compra, por ejemplo, de un libro. Esto busca evitar el uso indebido del beneficio.
En tanto, el subsecretario planteó que están modificando el reglamento del pase para 2026 y anunció que se eliminarán entre los beneficiarios a mayores de 65 años. Comentó que el 13 de abril se encontrará activado para 46.109 beneficiarios que ya están inscritos. Agregó que existe presupuesto para alcanzar un universo de alrededor de 157 mil personas.
Sobre el beneficio, añadió que es mayormente utilizado en regiones, con un 67% versus un 37% en la región Metropolitana.
Sitios de memoria y patrimonio cultural
El subsecretario De la Cerda indicó que se mantiene el compromiso con los sitios de memoria, en tanto su financiamiento se fijó en la Ley de Presupuestos. Además, dijo que dichos lugares relacionados a los DD.HH. y a los memoriales están considerados en el proyecto de ley de patrimonio cultural que se encuentra en el Senado. Respecto de éste, adelantó que se preparan indicaciones que recogen los acuerdos de las comisiones legislativas y de la consulta indígena.
Sobre el patrimonio cultural, llamó a confrontar la idea de que el patrimonio está en contraposición con el desarrollo económico y social. Estimó preciso contar con una nueva legislación avanzada, con planificación territorial y un catastro de patrimonio arqueológico. Esto permitiría adelantar proyectos de inversión y compatibilizar mejor ambos temas.
En cuanto a las declaratorias de monumento nacional, puntualizó que, muchas veces, se trata de bienes particulares que tienen interés público. Es decir, es patrimonio cultural, tema que hay que cuidar con apoyos; con incentivos tributarios que permitan equilibrar y compensar el beneficio público sobre esos bienes culturales.
Fondos concursables
En el debate, diputados llamaron la atención sobre el financiamiento público de proyectos culturales que van contra ciertos principios valóricos. Cristóbal Urruticoechea mencionó, por ejemplo, que se financió un Festival Porno y preguntó cómo frenar este tipo de situaciones.
En tanto, Ignacio Achurra consideró preocupante que se restrinja la libertad de opinión, la estética y estilos por parte del Estado. Dijo que para esto existen mecanismos, como un jurado autónomo que elige las obras o proyectos a financiar.
Sobre el tema, el ministro se abrió a la posibilidad de revisar los reglamentos y las bases de Fondos Concursables, que no han sido modificados. La idea sería, por ejemplo, no financiar temas relacionados a la pornografía.
Otros parlamentarios instaron a desarrollar las audiencias y a fomentar la descentralización cultural. Al mismo tiempo, pidieron sancionar más drásticamente los rayados y daños al patrimonio cultural, junto con abordar el rezago de los pueblos ancestrales, relevando su contribución cultural.