La ministra de Educación, María Paz Arzola, participó, junto a los tres subsecretarios del área, en la comisión técnica, para abordar el déficit presupuestario que afecta a ocho programas de la cartera.
A su juicio, la falta de recursos no es normal. Sin embargo, indicó que existe un presupuesto subfinanciado por falta de ajuste al sistema de subvenciones. “El recorte en educación ya se hizo; se heredó”, comentó.
Además, recalcó que el gasto público en educación superior aumentó en 121% desde 2014 a 2024. Es decir, casi tres veces más que en los otros niveles, cercano al 42%. Esto implica adecuar los focos para abordar cada uno de los ciclos educativos, sostuvo (ver presentación).
En Educación básica y media las prioridades son:
- Accesibilidad. Se abordará el ausentismo crónico y la deserción escolar de los estudiantes.
Se considera para ello mejorar el sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso. El proyecto en trámite debe actualizar su informe financiero. Además, se dará continuidad a la estrategia “Chile Presente” y se desplegará apoyo a los alumnos con ausentismo crónico.
Por otra parte, se presentará una reforma legal para asegurar la continuidad del servicio educativo, con interrupción de clases sólo de manera excepcional.
- Aprendizaje y buena convivencia. Este foco apunta al estancamiento del aprendizaje en la última década, tanto en matemáticas como en lectoescritura. Entre las propuestas, se apoyará a escuelas con desempeño insuficiente y medio bajo; se dará prioridad a la lectura inicial en alumnos de hasta segundo básico; y se consolidarán los Liceos Bicentenarios como una red nacional de excelencia educativa.
Con respecto a la convivencia escolar, se dará continuidad al programa “A convivir se aprende”. También se fortalecerá la participación de apoderados y familias en la prevención y resolución de conflictos. Adicionalmente, se implementarán normas de resguardo de derechos de docentes y se promoverá el respeto a la autoridad docente, entre otras medidas.
Además, se reformará la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP).
- Más oportunidades de calidad. Entre las propuestas se plantea la creación de nuevos establecimientos educacionales, cursos o niveles educativos. Se precisará el calendario de traspaso de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y se asegurará una buena implementación de los existentes. Finalmente, se modificará el Sistema de Admisión Escolar (SAE).
Educación Parvularia
Para este nivel educativo se consideran como ejes la calidad, la cobertura, la institucionalidad y el financiamiento.
En tal sentido, se avanzará en el reconocimiento oficial de recintos educativos y se fomentará la implementación del programa de inducción y mentoría para las educadoras de párvulos. Asimismo, se implementará un Sistema de Información Integrada de Educación Parvularia, para fomentar el trabajo articulado y de colaboración entre Junji, Integra y los SLEP. Del mismo modo, se asegurará la asistencia de niños de extrema vulnerabilidad asociados a sistemas de protección.
En cobertura, se adecuará el funcionamiento de establecimientos a las necesidades de las familias, por ejemplo, con extensión horaria. Igualmente, se gestionará la oferta e incentivará la creación de cupos donde se requiera.
Respecto al financiamiento, este se ajustará para responder a las necesidades de los párvulos y no al tipo de sostenedor. También se supervisará el uso eficiente de los recursos en establecimientos públicos.
Educación Superior
Entre las propuestas se cuentan:
- Actualizar la oferta. Se busca alinear el financiamiento sobre gratuidad y aranceles regulados en torno a programas completos. En segundo lugar, se revisará la estructura de títulos y grados y la duración y eficiencia formativa.
- Viabilizar instrumentos de financiamiento. Se busca limitar la expansión de la gratuidad, fijándola entre los deciles 7 al 10. Por otra parte, se ejercerán acciones de cobranza del Crédito con Aval del Estado (CAE), focalizado en deudores de alto ingreso.
- Promover alianzas público privadas para el desarrollo de las Instituciones de Educación Superior (IES).
Morosidad en pago del CAE y gratuidad
Dos de los puntos que fueron destacados por las y los diputados de la Comisión de Educación es la morosidad en el pago del CAE y el cobro de la deuda. Desde la oposición manifestaron su preocupación por afectar a personas que se vieron afectadas con una política pública mal diseñada. Mientras que, desde el oficialismo, valoraron el cobro a personas con altos ingresos y pidieron informar a qué se destinarán dichos recursos.
Sobre el punto, la ministra Arzola dijo que 740 mil millones de pesos corresponden a deudores con ingresos superiores a un millón y medio de pesos, lo que permitiría abordar el déficit y más.
En cuanto a la gratuidad, la oposición planteó la preocupación de afectar derechos sociales ya adquiridos. Por eso, se pidió que el límite al beneficio pase por el Congreso y no sea sólo un anuncio en los medios.
En la próxima sesión, se comenzará la tramitación, en segundo trámite, del proyecto que facilita la creación de nuevos establecimientos educacionales (boletín 16743).