Cuatro nuevas leyes despachó en la presente semana la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Además, se aprobó y derivó a segundo trámite otras dos propuestas, una impulsada por el Ejecutivo y otra originada en moción parlamentaria.
El lunes 6 se aprobaron en tercer trámite dos proyectos que culminaron su paso por el Congreso Nacional y pasaron a fase de promulgación. La primera iniciativa (boletín 15338) reconoce jurídicamente a las víctimas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico militar de Chile como “Ausente por desaparición forzada”.
El texto, originado en una moción de diputados/as, considera que dichas personas fueron víctimas de alguna forma de privación de libertad por parte de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que hayan actuado con su autorización o aquiescencia. Además, plantea que el acto supone una negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. Aplica para hechos comprendidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
También el lunes, la Sala despachó una propuesta (boletín 14532) que dispone la apertura del cabotaje marítimo. Además, crea condiciones para optimizar la cadena logística y el transporte multimodal.
La norma actualiza la legislación para permitir la participación de naves extranjeras cuando no existan servicios regulares nacionales. Con ello, se apunta a mejorar la conectividad marítima y promover una mayor eficiencia logística a lo largo del país.
Artesanía y acceso a la justicia
En la sesión del martes, la Sala aprobó y despachó a ley un proyecto (boletín 16371) que reconoce a la artesanía como una manifestación artística cultural que aporta al desarrollo nacional y contribuye a la puesta en valor del arte y sus cultores.
Este cuerpo legal comprende un amplio marco de normas que van desde el reconocimiento jurídico a la creación de una institucionalidad que la apoya. Así, por ejemplo, se considera la creación de una política y plan nacional y se definen los deberes del Estado en este ámbito. También se crean un consejo nacional, un comité interinstitucional y un sello de excelencia. Asimismo, se incorporó un fondo especial para apoyar a este sector.
Finalmente, a través de la cuarta ley aprobada esta semana, se crea del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.
El proyecto (boletín 13991), abordado también en tercer trámite, define a este nuevo servicio público como un ente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Se someterá a la supervigilancia del o la Presidenta de la República a través del Ministerio de Justicia. Su domicilio, en tanto, estará en la ciudad de Santiago y se desconcentrará territorialmente a través de direcciones regionales.
Entre sus diversas funciones se considera, por ejemplo, otorgar asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección. De igual modo, dará asesoría y representación jurídica, así como el apoyo social y sicológico, a personas naturales víctimas de delitos.
Proyectos despachados por la Sala a segundo trámite
En la presente semana, dos fueron las iniciativas que la Sala de la Cámara despachó a segundo trámite, al Senado. La primera de ellas (boletín 17442), establece nuevas exigencias para el ingreso a carreras y programas de pedagogía. Esto es parte de una estrategia para enfrentar el déficit de docentes en el país.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, permite que las universidades admitan a estudiantes que cumplan con requisitos definidos por el Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario. Se basarán en un informe técnico elaborado por distintas subsecretarías del Ministerio de Educación.
El segundo texto (boletín 16886) se originó en una moción en la Cámara. Busca dar protección a defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. La idea es hacer operativo el Acuerdo de Escazú.
Entre sus lineamientos, entrega un marco de definiciones e instituye diversos principios que guiarán la interpretación e implementación de esta ley. Adicionalmente, reconoce diversos derechos para los defensores de DD.HH. en asuntos ambientales.
Acusación constitucional
La Sala de la Cámara también conoció en esta semana la presentación de una acusación constitucional. Está dirigida en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez.
La impulsaron Daniel Manouchehri, Marcos Ilabaca, Daniella Cicardini, Luis Malla, Juan Santana, Leonardo Soto, Camila Musante, Eric Aedo, Boris Barrera, Javiera Morales y Cosme Mellado.
El libelo plantea que las acciones del ministro Antonio Ulloa constituyen un notable abandono de deberes por filtrar información de causas al abogado Luis Hermosilla. Además, se plantea que el magistrado vulneró el deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales e intervino indebidamente en nombramientos de integrantes del Poder Judicial.
Tras tomar conocimiento de la medida, se procedió a seleccionar a los integrantes de la comisión que analizará la admisibilidad de la acusación. Fueron electos Alejandra Placencia, Gustavo Benavente, José Carlos Meza, Frank Sauerbaum y Hotuiti Teao.