Implementar pórticos detectores de metales para prevenir situaciones de violencia en los establecimientos educacionales y en los centros de salud pública. Este es el objetivo del proyecto aprobado en general por la Comisión de Seguridad Ciudadana (boletín 17424).
Con seis votos a favor y tres abstenciones, la instancia ahora discutirá el articulado del proyecto.
La moción impulsada por el diputado Henry Leal permite, en primer lugar, que colegios y liceos puedan disponer de estos medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas u otros elementos prohibidos. La idea es resguardar la integridad de estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa.
Asimismo, permite la instalación de estos detectores también en establecimientos de salud pública. Esto para el resguardo de la integridad de pacientes, funcionarios y cualquier otra persona que se encuentre al interior del respectivo recinto.
El uso de estos detectores deberá estar sujeto a protocolos internos, con apego al derecho a la honra y la vida privada de las personas.
En la votación general, la mayoría de las y los diputados valoraron la iniciativa, porque va en la línea de prevenir hechos de violencia. En particular, el diputado Hugo Rey afirmó que el proyecto entrega certeza a los recintos escolares que quieran instalar estos dispositivos, sin que existan objeciones desde la Superintendencia de Educación.
Por su parte, el autor del texto recalcó que la Corte Suprema ha dicho que no se vulneran los derechos de los menores con la instalación de los detectores de metales, porque se vela por un bien superior.
Sin embargo, la diputada Alejandra Placencia justificó la abstención porque esperaban que, antes de votar en general el texto, la comisión escuchara a la Ministra de Salud e invitados relacionados al funcionamiento de los Cesfam.
Cuidadores ilegales de autos
En segundo término, la comisión comenzó el análisis del proyecto que busca imponer una pena personal a quienes ejercen el oficio de acomodador o cuidador de vehículos en forma ilegal (boletín 17539).
El presidente de la Comisión, y autor del texto, diputado Cristián Araya, explicó que el objetivo es “recuperar el control de las calles”. El legislador argumentó que grupos organizados o mafias se dividen territorialmente las calles y piden el pago por adelantado para cuidar los vehículos. Agregó que, lamentablemente, las multas que se cursan en los Juzgados de Policía Local quedan en nada y son incobrables.
De esta manera, el texto pretende sancionar a quien de forma ilegal realice cobros por asistir maniobras de estacionamiento o por prestar el servicio de vigilancia de vehículos en bienes fiscales o de uso público, concesionados o no. Para ello fija una pena de reclusión menor de 60 a 540 días, o multa de 10 a 50 UTM.
Algunos legisladores, como Maite Orsini, cuestionaron que se proponga reclusión para abordar el tema. Asimismo, el diputado Jaime Araya afirmó que existen matices, ya que no todos los cuidadores se relacionan al crimen organizado. “Hay adultos mayores y personas que están en programas de revinculación”, ejemplificó.
La instancia acordó invitar a las asociaciones de Municipalidades y a los jueces de policía local para recabar su opinión sobre la propuesta.
Proyectos relacionados a Gendarmería
Por último, el diputado Andrés Longton presentó ante la Comisión de Seguridad Ciudadana la propuesta normativa para crear un tipo penal de daños a infraestructura penitenciaria, sancionado con penas de 3 a 5 años (boletín 16944).
El proyecto surgió en respuesta a los daños realizados en la Cárcel de Alta Seguridad por el Tren de Aragua. Al respecto, el diputado explicó que se busca que esto se sancione con una figura agravada que no considere el monto de los daños. Esto porque, muchas veces, estos tienen como fin crear armas, producir lesiones, quitar la vida a los gendarmes o escaparse de las cárceles.
Sobre esta materia, el diputado Araya, que es autor de este proyecto, propuso avanzar en conjunto con otros dos proyectos relacionados con Gendarmería de Chile: el que agrava las penas y dispone medidas de seguridad en favor del personal de Gendarmería (boletín 17517) y el que protege la identidad de los funcionarios que se desempeñan en los recintos penitenciarios (boletín 17084).
Para este análisis, la comisión acordó invitar al Ministro de Justicia, al Director de Gendarmería y al Ministerio Publico.