La Comisión de Personas Mayores comenzó a debatir el proyecto que fortalece la protección de personas mayores, con discapacidad y neurodivergentes en el transporte remunerado de pasajeros (boletín 17584).
Su objetivo es garantizar y fortalecer la integridad física y psíquica de los usuarios elevando los estándares de operación y fiscalización de este sistema de transporte. En la comisión expuso el diputado Roberto Arroyo, autor de la moción, quien explicó los alcances de la iniciativa.
El legislador recordó un accidente ocurrido en mayo de 2025, en la región del Biobío, que tuvo como resultado el lamentable deceso de tres personas y seis con lesiones graves. Al respecto, puntualizó que este lamentable accidente se enmarca en un contexto de creciente inseguridad vial.
En ese contexto, el proyecto modifica la Ley del Tránsito, para modificar el requisito general de entregar una declaración jurada de salud para obtener una licencia de conducir. Esto con respecto a no ser consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas.
En este caso, la propuesta legislativa plantea exigir un examen médico obligatorio, en reemplazo de la citada declaración. Asimismo, reducir el plazo para la renovación de las licencias de conducir, desde cuatro a dos años, con el fin de evaluar con mayor frecuencia la aptitud de los conductores.
Mayor inclusión
Además, en la obtención de licencias de conducir profesionales, la moción busca que los conductores demuestren conocer las leyes que promueven la inclusión de personas con discapacidad, autismo y adultos mayores. Esto con el objetivo de fomentar un trato digno y sin discriminación en el transporte remunerado de pasajeros.
En la misma línea, la moción refuerza el deber de los conductores de facilitar el ingreso seguro al vehículo de personas mayores, con discapacidad o neurodivergentes; recalcando que se debe evitar cualquier actitud que afecte su dignidad.
Observaciones de la Conaset
La directora de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Luz Infante, entregó una serie de observaciones sobre estos puntos del proyecto. Según explicó, no existe un examen que pueda acreditar que una persona sea consumidora habitual de drogas al momento de conducir.
Argumentó que los exámenes disponibles únicamente detectan la presencia de sustancias en el organismo, lo cual es una distinción relevante a la hora de considerar el punto. Agregó que, además, el alto costo de estos exámenes encarecería el trámite para obtener la licencia de conductor.
En segundo lugar, sobre los nuevos plazos para la renovación, dijo que hoy ya existe una sobrecarga en las horas disponibles para este trámite. Así, aseguró esto podría tener un incremento importante. Ahondó que en la experiencia comparada, países como España, Francia e Inglaterra, los controles son cada cinco años.
La norma en trámite seguirá en debate en la comisión durante las próximas sesiones.