Los desafíos de seguridad que plantea el comercio informal fue el tema que abordó esta semana la Comisión de Gobierno Interior.
La instancia analizó las acciones desarrolladas por los municipios, en conjunto con los distintos organismos de Gobierno, para controlar el comercio informal. Para ello, recibió a un grupo de alcaldes y representantes comunales.
El objeto fue conocer la realidad de los municipios que han sido afectados por esta situación y las estrategias adoptadas en la materia, las falencias institucionales y sus requerimientos para poder recuperar los espacios públicos.
Expusieron los jefes comunales de Valparaíso, Camila Nieto; y de Recoleta, Fares Jadue. Además, intervinieron los directores de seguridad de los municipios de Pudahuel y Temuco, Felipe Morales e Israel Campusano, respectivamente.
Todos ellos concordaron en que la magnitud del problema hace que la acción del Estado hoy sea insuficiente. Por esto, demandaron no solo mayores recursos, sino que, además, planes integrales que estén acompañados de nuevas leyes para abordar el tema del comercio informal.
Ejecutivo y comercio informal
Desde el Gobierno, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, dio cuenta de una serie de acciones desarrolladas durante 2024 para hacer frente al fenómeno delictual, escondido tras el comercio informal.
Relevó, entre otros aspectos, las campañas de información sobre la compra de productos al comercio ambulante, así como el aumento de fiscalizaciones intersectoriales con Carabineros de Chile, la PDI y el Instituto de Salud Pública. Se suma a esto el avance en el fortalecimiento institucional y de inteligencia del Estado para evitar que organizaciones delictuales se apoderen de espacios públicos; además de la tramitación del proyecto de ley de seguridad municipal, que actualmente está en el Senado.
Indemnización por años de servicio
En otro tema, la Comisión de Trabajo se abocó al estudio del proyecto que elimina el tope de indemnización por años de servicio en caso de despido (boletín17394).
Hay que recordar que la legislación vigente dispone un límite de un mes por año trabajado al momento de pagar la indemnización, con un tope de once años. El proyecto en discusión plantea, en cambio, que el empleador pague 30 días de sueldo por cada año trabajado.
En cuanto al aporte a los fondos de indemnización, también señala que se cuente desde el inicio de la relación laboral, sin restricciones temporales.
Otras informaciones
Revisamos a continuación otras noticias del trabajo de las comisiones de la Cámara durante esta semana:
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