Este jueves 12 de noviembre, la Sala de la Cámara inició una nueva sesión de debate y discusión del proyecto de ley de Presupuesto 2027 (boletín 18702).
En la primera parte de la jornada se aprobó la partida de Bienes Nacionales, donde se destacó el rol que cumple la cartera en la administración del patrimonio fiscal. Por ello, se valoró el aumento en los ingresos provenientes de la administración, arriendo y rentas de propiedades fiscales, relevando la importancia de una gestión eficiente de estos activos.
Además, se consideró la necesidad de fortalecer los programas de regularización de la propiedad raíz y que los recursos obtenidos por la venta de terrenos fiscales beneficie directamente a los territorios donde se generan dichos ingresos.
Posteriormente, se realizó la discusión de los fondos para el Ministerio del Trabajo. En el trámite en la Comisión mixta se rechazaron diversos programas relacionados a capacitación y empleo, por la reducción de sus aportes. El gobierno no repuso esas asignaciones en el presente trámite.
Por ello, en la discusión de Sala, las y los diputados reiteraron la preocupación por estas reducciones, especialmente los dirigidos a mujeres y jóvenes. Se adviritó la situación actual del mercado laboral y se llamó a reforzar las herramientas de apoyo a la inserción laboral. A su vez, fortalecer políticas que promuevan el empleo formal y trabajo digno.
Desde las bancadas oficialistas se sostuvo que parte de los problemas del empleo se arrastran de años anteriores y son efecto de reformas impulsadas recientemente. Junto con ello, destacaron la importancia de avanzar en un clima laboral basado en la confianza y el respeto de los derechos de las y los trabajadores y se criticó el mal uso de la llamada Ley Karin.
Rechazos e indicaciones
En el tiempo de votaciones, la Sala rechazó las asignaciones completas de la Subsecretaría del Trabajo; de la Dirección del Trabajo y de la Subsecretaría de Previsión Social. Además, se ratificó el Servicio de Capacitación y Empleo (Sence), como venía desde la comisión mixta.
En las indicaciónes aprobadas está la que propone crear un apoyo económico para personas cesantes, que sea administrado por el Sence. Así también, asegurar recursos de contingencia para ampliar el Subsidio Unificado de Empleo hasta alcanzar 300 mil nuevas contrataciones formales. Esta expansión del beneficio se realizará bajo un esquema similar al programa “Contrata 2020” y se focalizará exclusivamente en aumentos reales de dotación de las empresas. Frente a todas ellas el Ejecutivo y parlamentarios oficialistas hicieron reserva de constitucionalidad.
Por otro lado, se aprobaron indicaciones para instruir a la Superintendencia de Pensiones a contratar, mediante licitación pública, antes del 31 de marzo de 2027, una auditoría independiente para revisar las operaciones con instrumentos derivados, realizadas con recursos de los fondos de pensiones entre 2024 y 2026.
Igualmente, la creación de un programa especial de peritajes y apoyo jurídico destinado a determinar la existencia de eventuales perjuicios para los fondos y evaluar el ejercicio de acciones indemnizatorias contra los responsables. Por último, que la superintendencia cuantifique los daños eventualmente ocasionados, identificar responsables y presentar las acciones judiciales correspondientes para recuperar recursos en beneficio de los fondos de pensiones afectados.
Ministerio de Salud
Durante el debate de la partida correspondiente al Ministerio de Salud, aprobada por 82 votos a favor y 41 en contra, sectores del oficialismo destacaron que el presupuesto del sector contempla un crecimiento real del 4,7% y destina más de 301 mil millones de pesos a la compra de prestaciones en el sector privado, con el objetivo de reducir las listas de espera.
Asimismo, valoraron el fortalecimiento de la atención primaria y la asignación de mayores recursos para avanzar en la construcción y finalización de hospitales y consultorios.
Por el contrario, desde la oposición se puso en duda el crecimiento presupuestario, y los recursos destinados al sector privado sin una respuesta sobre cómo fortalecer la capacidad del sistema público.
En particular, criticaron el per cápita de atención primaria y la disminución de 14,5% de los recursos destinados a la Ley Ricarte Soto.
En tanto, parlamentarios de regiones extremas puntualizaron que el presupuesto debe fortalecer la red hospitalaria, reducir los tiempos de espera, mejorar la atención en zonas rurales y la necesidad de aumentar la disponibilidad de médicos y especialistas.
En el tiempo de votaciones, se respaldó -por 69 votos a favor y 63 en contra- la reposición de los gastos variables de atención primaria de Fonasa; se rechazó el programa de Financiamiento Hospitales por Grupo Relacionado de Diagnóstico y gastos de personal del Servicio de Salud del Maule.
Propuestas parlamentarias
Por mayoría, la Sala aprobó indicaciones promovidas por los diputados Juan Irarrázaval, Javier Olivares y Eileen Urqueta, referidas a información sobre tratamientos hormonales en niños, niñas y adolescentes. Se pide, por ejemplo, información sobre los recursos públicos destinados a la adquisición y entrega de medicamentos utilizados para la supresión puberal o terapias hormonales de afirmación de género, realizados a menores de 18 años, desde 2020.
Igualmente, un grupo de indicaciones del diputado Carlos Carvajal sobre la dotación de personal de los recintos hospitalarios dependientes de la Red Pública de Salud de Tarapacá, para garantizar la contratación de, al menos, un químico farmacéutico; personal a honorarios en el hospital de Alto Hospicio y especialistas en salud.
Del diputado Diego Schalper, para que en el informe del Ministerio de Salud sobre la implementación de la ley 21.551, se incluya una evaluación de la realización anual de la mamografía preventiva gratuita y sin orden médica a las mujeres de 40 a 69 años. Además, que en informe de la Subsecretaría de Salud Pública sobre la hoja de ruta para incorporar otros tipo de cáncer al GES; se incluya el cáncer de aparición temprana y en adolescentes, con especial referencia al cáncer colorrectal, de mama, de testículo y de tiroides. Por último, también solicitó informe sobre la salud del sueño de la población.
La diputada Carolina Tello, por su parte, promovió una indicación para priorizar las acciones de diagnóstico oportuno y continuidad de la atención de personas autistas; así como que se disponga en las líneas de inversión la adquisición de al menos una cámara hiperbárica por región.
Por último, de la diputada Tamara Ramírez para que el convenio entre el Minsal y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile para adquisición de equipos y otros, sea suscrito durante el primer trimestre de 2027.
Defensa a Codelco
En el debate de la partida presupuestaria del Ministerio de Minería, los discursos parlamentarios se enfocaron en las inquietudes respecto a la administración de Codelco y la posibilidad de abrir la empresa estatal al ingreso de capitales privados a largo plazo.
Desde sectores diversos se hizo una férrea defensa del carácter estatal de la cuprífera, advirtiendo los riesgos de impulsar cualquier fórmula que implique ceder participación o abrir la puerta a una eventual privatización de Codelco. Las y los legisladores enfatizaron que enajenar parte de la compañía significa comprometer recursos vitales para las futuras generaciones, exigiendo en cambio una inyección de capital que permita recuperar la inversión, evitar que la riqueza minera quede subordinada a capitales extranjeros y consolidar el liderazgo del Estado en esta industria estratégica.
Otro punto criticado del presupuesto de esta cartera son los recortes y reducción de funcionarios en Sernageomin. Se señaló que la propuesta financiera es insuficiente para cubrir las necesidades de fiscalización en terreno.
Sin embargo, desde el oficialismo se defendió la propuesta del Ejecutivo. Resaltaron el fortalecimiento del fomento a la pequeña y mediana minería, subrayando que las transferencias de capital destinadas al equipamiento de este segmento aumentan un 0,7%, lo que permite privilegiar directamente la capacidad productiva y la inversión por sobre el gasto corriente.
La partida, finalmente, fue rechazada por 59 votos a favor y 59 en contra.