Sin la presencia de representantes del Ejecutivo, la Comisión de Seguridad Ciudadana comenzó la votación en particular del proyecto que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades (boletín 18341).
Diputadas y disputados de diferentes sectores políticos criticaron la ausencia del biministro Claudio Alvarado, invitado a la sesión. Particularmente, se refutó la inasistencia porque el Ejecutivo presentó indicaciones a la iniciativa que, a juicio de las y los legisladores, debía explicar y justificar en la sesión. Frente a esto, se acordó oficiar a la autoridad para solicitar la presencia de algún secretario de Estado en la comisión.
Pese a la ausencia, la instancia inició la votación del articulado. En esta línea, la comisión aprobó, por mayoría, la propuesta del Gobierno de crear dos registros: uno de actos vandálicos y otro de incivilidades. La norma señala, además, que estos registros serán “públicos, electrónicos y nacionales”.
Actos vandálicos e incivilidades
Si bien desde sectores oficialistas se valoró la separación de los registros, otros criticaron la medida y que se establezcan como públicos. Por esto, la diputada Tatiana Urrutia hizo reserva de constitucionalidad sobre la norma aprobada.
Luego, la comisión analizó y votó las normas vinculadas a la inscripción en los registros. Aquí se respaldó que formen parte del listado quienes fueron condenados a la incorporación en alguno de los registros por los delitos o faltas contemplados en la norma.
Sin embargo, se rechazó que se inscribieran en los registros personas respecto de las cuales se hubiese decretado la suspensión condicional del procedimiento con la condición de ser inscritas. También se rechazó cambiar la posibilidad de que los tribunales con competencia en lo penal y los juzgados de policía local comuniquen al Registro Civil las resoluciones y no las sentencias definitivas de personas sancionadas.
Sistema Nacional de Registros de ADN
Además de los registro de actos vandálicos y de incivilidades, la comisión continuó el análisis del proyecto que modifica el Código Procesal Penal y la ley que crea el sistema nacional de registros de ADN, para agilizar las investigaciones penales (boletín 18585).
Con tal fin, se propone facultar a Carabineros y a la PDI para realizar directamente el cotejo de huellas genéticas obtenidas en sus laboratorios acreditados, una tarea que actualmente recae exclusivamente en el Servicio Médico Legal (SML). La idea es reducir los tiempos de respuesta en causas criminales, permitir una identificación más rápida de posibles responsables y contribuir a una persecución penal más oportuna y eficaz.
Además, se busca aprovechar la capacidad técnica y especializada que ya poseen los laboratorios policiales, sin alterar los estándares de control, calidad y custodia del sistema. Así, el SML mantendrá sus funciones de conservación del material biológico y acreditación de los organismos que participan en el sistema, resguardando la confiabilidad de los procesos.
En la sesión expuso el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero y la defensora nacional, Verónica Encina.