La Sala de la Cámara inició el debate de la incorporación de un nuevo tipo penal que sancionaría la ofensa descomedida contra la autoridad policial (boletín 17662), texto revisado según la propuesta plantada por la Comisión de Seguridad Ciudadana y cuyo análisis continuará en la sesión de mañana (martes 1 de septiembre) como primer punto de la orden del día.
La propuesta se originó en una moción de la diputada Ximena Ossandón. También la firman Eduardo Durán, Mauro González y Diego Schalper, junto a otros exlegisladores del periodo pasado.
Tras la rendición del informe, participaron en la discusión Tomás Kast, Ana María Gazmuri, Chiara Barchiesi, Cristian Contreras, Daniel Lilayu, Lorena Fries, Cristóbal Urruticoechea, Jorge Díaz, Ricardo Neumann, Marcos Barraza, Javier Olivares, Stephanie Jéldrez, Tatiana Urrutia, Mauro González, Felipe Camaño, Marisela Santibáñez, Cristian Neira, Sebastián Zamora, Jaime Bassa, Sergio Bobadilla, Héctor Barría, Lorena Pizarro, Eduardo Durán, Gonzalo Winter, Constanza Hube, Irací Hassler, Paz Charpentier, Diego Vergara, Daniela Serrano, Flor Weisse, Marcos Ilabaca, Emilia Schneider, Francisco Orrego, Jaime Araya, Mario Olavarría, Luis Alberto Cuello, José Antonio Kast Adriasola, Carlos Cuadrado, Álvaro Carter, Juan Marcelo Valenzuela y Raúl Leiva.
Quienes estuvieron a favor plantearon que la autoridad policial debe contar con herramientas que le permitan proteger su dignidad. Así, se estimó que no es tolerable la degradación moral, mientras cumplen con sus funciones, por medio de insultos y agresiones. Tampoco el realizar sus labores bajo amenazas o intimidación. “Recuperar la seguridad implica recuperar el respeto por nuestra autoridad”, sostuvo una legisladora.
En dicho plano, se valoró que se aumente el marco sancionatorio y se penalice insultar u ofender gravemente a carabineros o a funcionarios de la PDI o de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones. En particular, se estimó positivo tener una pena y no solo una multa. En todo caso, se planteó que respaldar su labor no significa validar eventuales abusos.
Quienes votaron en contra, estuvieron a favor de proteger a las policías, pero recordaron que ya existen normas en nuestro ordenamiento penal para ello.
En particular, se refutó la introducción de un tipo penal poco claro, como sería “ofender gravemente”. Se cuestionó, de tal modo, que no se distinga un criterio para acotarlo y que ello quede solo al arbitrio del mismo efectivo afectado por la ofensa. Más cuando se habilita la detención inmediata ante la flagrancia, la cual podrá, solo posteriormente, revisarse por un tribunal.
Acusaron también que la norma planteada es desproporcionada, arbitraria y subjetiva. Asimismo, refutaron que se busque silenciar la crítica y se llamó a entregar más material de apoyo, como herramientas efectivas para el accionar de la autoridad policial.