Cumplir al menos con tres cuartos de la pena de cárcel asignada, tratándose de delitos graves y violentos, sería la nueva exigencia para optar a la libertad condicional propuesta en un proyecto de ley que tramita la Comisión de Constitución.
La iniciativa (boletín 15295), impulsada por el diputado Luis Sánchez, también propone que se trate del primer delito del recluso o que este no tenga condenas previas por delitos de la misma especie, para poder acceder a este beneficio.
De esta manera, la propuesta establece que en caso de delitos como parricidio, femicidio, homicidio, violación, infanticidio y robo con homicidio, se aumentaría a las tres cuartas partes de la condena, mientras que en aquellos contenidos en la ley Nain-Retamal (homicidios cometidos contra policías, bomberos, gendarmes o integrantes de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus funciones), el tiempo exigido serían los cuatro quintos de la condena.
El diputado Sánchez recordó que la entrega de libertad condicional es un beneficio que genera polémica por la alta reincidencia de quienes acceden a ella. Según indicó, entre 40 y un 50% por ciento reinciden, lo cual es especialmente grave si se trata de condenados por delitos violentos.
Observaciones parlamentarias y acuerdos
La comisión escuchó las opiniones preliminares de la Defensoría Penal Pública y del Ministerio Público.
Luego, para iniciar el debate, la diputada Lorena Fries solicitó contar con informes estadísticos de parte de Gendarmería para un debate informado sobre el proyecto. A esta petición se sumaron otros legisladores como Constanza Hube que pidió conocer cuántas libertades condicionales se otorgaron pese a contar con informes negativos de Gendarmería.
A su vez, el diputado Jorge Guzmán planteó pedir antecedentes sobre las cifras de reinserción exitosa tras otorgarse libertades condicionales y el número de reincidencias durante el cumplimiento del beneficio o una vez terminado este.
Por su parte, Luis Sánchez solicitó que se distinga entre reincidencia e infracción de las condiciones de la libertad condicional.
El diputado José Montalva añadió consultar el impacto que tendría el proyecto sobre el hacinamiento carcelario, al igual que el diputado Francisco Orrego que agregó solicitar información detallada sobre la capacidad, población y sobrepoblación de los recintos penales del país.
Otro punto que se explicitó es determinar si el problema radica en el tiempo real de cumplimiento de la pena; las condiciones exigidas para acceder a la libertad condicional o las debilidades del sistema de reinserción en Chile. José Antonio Kast Adriasola, por ejemplo, consultó qué otros aspectos de la política de reinserción, además del plazo, deberían ser atendidos por la comisión.
El diputado Eduardo Cretton añadió que cuando se discute sobre libertad condicional el debate tiende a centrarse en los derechos y beneficios de las personas condenadas, dejando en segundo plano la situación de las víctimas. En esa línea consultó a los expositores presentes si en el país existe como requisito escuchar a las víctimas o sus familias antes de aprobar estos beneficios.
El diputado Marcos Barraza apuntó a la propuesta sobre otorgar este beneficio solo en casos de primer delito y si eso sería compatible con obligaciones internacionales asumidas por el Estado.
Jaime Mulet recordó que la ausencia de tribunales de ejecución de penas genera dificultades en la materia y destacó la importancia de avanzar en esa institucionalidad, en referencia a iniciativas legislativas en curso.
En tanto, Marcos Ilabaca señaló que el Congreso ya ha impulsado reformas en esta línea, como la reforma sobre reincidencia, que aumentó las penas aplicables a diversas figuras delictivas e introdujo modificaciones relevantes al sistema procesal penal, pero que aún no existe una evaluación concreta acerca de sus efectos reales.
Por último, los integrantes de la comisión acordaron pedir a los ministerios de Justicia y de Obras Públicas antecedentes sobre el plan de infraestructura penitenciaria y la proyección de construcción de nuevos recintos. A ello, la diputada Pamela Jiles también planteó escuchar al Ministerio Público sobre este asunto.