Por unanimidad, la Sala de la Cámara aprobó la solicitud presentada por 65 diputadas y diputados para crear una comisión investigadora que recabe antecedentes sobre los actos del Gobierno en materia de otorgamiento de contratos de concesión de obra pública de autopistas urbanas e interurbanas, desde marzo del año 2014.
En su mandato se espera recopilar datos de los ministerios de Obras Públicas, Hacienda y Transportes, y de las direcciones de Concesiones y de Presupuestos.
Entre las materias de la investigación están los contratos de concesiones de autopistas, bases de licitación, informes financieros y técnicos, actas de evaluación y antecedentes presupuestarios. Además, la determinación del cobro de peajes y del sistema TAG, la incorporación de mecanismos de pago por infraestructura preexistente y otros ingresos contemplados en los contratos. Asimismo, el destino de los recursos obtenidos por tales conceptos, la transparencia de dichos procesos y las denominadas “segundas concesiones”.
Críticas al funcionamiento de autopistas concesionadas
La petición para crear esta comisión investigadora plantea que, durante los últimos años, han surgido críticas a la forma en que operan las autopistas concesionadas, tanto por la calidad del servicio que prestan como por la forma en que se determinan las tarifas de peaje y sus mecanismos de reajuste.
Añade que una investigación periodística reveló la existencia de mecanismos económicos incorporados en diversas segundas concesiones de autopistas, que establecen transferencias de recursos provenientes del pago de peajes al Estado y la poca transparencia de estos acuerdos.
Para los solicitantes, esto sugiere que este mecanismo habría alterado el objetivo original del sistema concesional y que la incorporación de estos mecanismos económicos excede a la sola recuperación de la inversión privada, incluyendo sistemas de compartición de ingresos que podrían significar importantes recursos para el Estado que no eran parte de los principios rectores del proceso de concesiones.
Finalmente, sostiene que resulta necesario esclarecer por qué una vez concluidas diversas concesiones las tarifas no disminuyeron, lo cual afecta directamente a los usuarios.
Una vez constituida, la comisión tendrá un plazo de 60 días para realizar su cometido.