Con el objeto de enfrentar el incremento de la sustracción de salmón en el país y su vinculación con el crimen organizado, la Comisión de Seguridad Ciudadana inició el estudio del proyecto (boletín 16791) que modifica diversos cuerpos legales para tipificar el delito de sustracción de salmón y mejorar su fiscalización y persecución.
En la sesión expuso el autor de la moción, diputado Mauro González. Señaló que, actualmente, la sustracción de salmón se sanciona según el tipo de delito contra la propiedad que se cometa. “El proyecto no rompe esta lógica en cuanto a la pena aplicable. Configura un delito autónomo para que se investigue con técnicas especiales, sin importar si media o no hipótesis de asociación delictiva o criminal y conlleve pena de multa adicional”, precisó.
Informó que se propone elevar las penas por receptación de salmón y valida la guía de despacho para acreditar su origen legítimo. “El texto propone avanzar hacia un sistema de chipeo para optimizar la seguridad e identificación de las especies desde su origen. Además, se otorgan nuevas facultades al Servicio de Impuestos Internos (SII) para fiscalizar rigurosamente estos documentos contables”, acotó.
Penas a la sustracción de salmón
El parlamentario indicó que la norma sanciona como autor de sustracción de salmón a quien se encuentre en posesión de estos productos sin justificar su adquisición o legítima tenencia mediante los instrumentos o mecanismos administrativos que así lo permitan. “La pena a aplicar es la de hurto, la que fluctúa entre los 61 días y 5 años y multa según el valor de lo sustraído”, aclaró.
También, sanciona el porte de herramientas o utensilios empleados para tala de árboles y faenamiento de salmones, sin dar descargo suficiente sobre su tenencia. Asimismo, incorpora al salmón como especie cuya receptación importa una pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de 75 a 100 UTM, junto con la clausura definitiva del establecimiento.
Las y los parlamentarios enfatizaron que el robo de salmón representa una grave amenaza para la salud de la población, dado que los productos sustraídos por las bandas criminales rompen de manera irreversible la cadena de frío y la trazabilidad obligatoria.
Durante el debate, se destacó la urgencia de robustecer los mecanismos de resguardo y persecución criminal frente a diversos ilícitos que golpean a las industrias locales. Al respecto, las y los legisladores argumentaron que este nuevo estándar fiscalizador debiera aplicarse de forma transversal a otras actividades productivas vulnerables. Como ejemplo, mencionaron el robo de conductores eléctricos, las afectaciones al sector agrícola y los delitos asociados a la minería.
Delitos contra la propiedad industrial
En un segundo punto, la instancia legislativa inicio el estudio del proyecto (boletín 17912) que modifica la Ley 19.913, para incorporar los delitos contra la propiedad industrial al catálogo de precedentes de lavado de activos.
Para ello, se escuchó la exposición de la Subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. Planteó que la iniciativa es importante por su incidencia en la persecución de la ruta del dinero de organizaciones criminales. “Se sugiere la aprobación de este proyecto por su relevancia para detección y la persecución del crimen organizado”, remarcó.
Sostuvo que estamos enfrentando a redes criminales estructuradas, con financiamiento propio, conexiones internacionales y un nivel de sofisticación que dificulta severamente el rastreo del origen y destino de sus recursos.
Finalmente, mencionó que, incorporar la falsificación de marcas al catálogo de delitos base de lavado de activos, es un paso estratégico, ya que permitirá decomisar directamente estos bienes y los beneficios económicos obtenidos de forma ilícita. “Se puede generar un efecto preventivo, disuasivo y sancionador verdaderamente significativo en el crimen organizado”, aseguró.