Fortalecer la detección temprana del lavado de activos es el objetivo del proyecto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior (boletín 16808). La iniciativa busca evitar que en sectores claves se generen operaciones vinculadas al comercio ilegal.
En la instancia se respaldó unánimemente una modificación firmada por los integrantes de la comisión, para ampliar el listado de entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas. La norma apunta así a reforzar los mecanismos de control y trazabilidad en sectores estratégicos de la economía.
Ampliación del control de lavado de activos
De esta manera, la norma aprobada incorpora a empresas del ámbito logístico y de transporte. Estas incluyen compañías de carga aérea, marítima y terrestre, además de empresas de transporte internacional, operadores portuarios y terminales extraportuarios.
También se suman agentes de carga, empresas courier y almacenes. Con esto, el proyecto reconoce el rol que cumplen estas actividades en la cadena de comercio y su potencial exposición al lavado de activos.
Así, estas entidades deberán informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre operaciones sospechosas detectadas en el ejercicio de sus funciones. Esto se suma a las obligaciones ya existentes para bancos, corredoras, notarios, casas de cambio y otras instituciones.
Reporte obligatorio de operaciones sospechosas
La normativa establece que una operación sospechosa corresponde a aquella que resulte inusual o no tenga justificación económica aparente. También considera casos vinculados a delitos o a personas incluidas en listas de organismos internacionales.
El proyecto indica que las entidades deberán designar un encargado para relacionarse con la UAF. Además, se reafirma que las normas de secreto o reserva no impedirán el cumplimiento de estas obligaciones.
La información entregada de buena fe quedará exenta de responsabilidad legal. Con ello, se busca incentivar el reporte oportuno y fortalecer el sistema preventivo frente al lavado de activos.
La presidenta de la comisión, diputada Joanna Pérez, valoró el trabajo conjunto en la instancia durante la tramitación de la moción. Destacó que antes solo un 3% de la carga era fiscalizada, cifra que aumentará significativamente con la ampliación de las entidades obligadas. Además, subrayó el fortalecimiento de Aduanas y el trabajo coordinado entre instituciones, lo que permitirá una mejor persecución del crimen organizado y contribuirá a restablecer el Estado de derecho en los recintos aduaneros.