Con la presencia de representantes de distintas organizaciones civiles, la Comisión de la Familia continuó con la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción (boletín 18326), que sanciona las denuncias falsas, refuerza la protección integral de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales y establece medidas de prevención.
La iniciativa, en primer trámite legislativo, plantea la preocupación por el uso instrumental de las denuncias e informes, a fin de obtener ventajas personales en diversos procedimientos. A modo de ejemplo, se mencionan causas de cuidado personal de niños, niñas y adolescentes.
En particular, el proyecto se propone sancionar las conductas que, mediante simulaciones, utilizan en forma abusiva los mecanismos procesales, pudiendo generar el aislamiento injustificado del niño respecto de uno de sus progenitores, sus otros parientes o referentes afectivos.
Audiencias públicas
Durante la última jornada, representantes de diversas organizaciones civiles y ciudadanas expresaron su postura respecto de la iniciativa que sanciona las denuncias falsas. Sin perjuicio de las diferencias planteadas, concordaron en la relevancia de proteger el interés superior del niño o la niña, frente al registro de vulneraciones.
En ese plano, Javier Rebolledo, periodista e investigador, destacó la importancia del proyecto en orden a proteger a la infancia y dejar de lado cualquier posibilidad de que se utilice a un niño por parte de los adultos. “El niño no puede ser un botín de la guerra entre las partes”, precisó.
Jennifer Alfaro, representante de la Corporación Humanas, llamó a rechazar la iniciativa. A su juicio, afecta a quien debe responsabilizarse de la carga de la prueba. Advirtió que el sistema actual ya descansa en dos aspectos sobre la mujer: denunciar y proteger. Sin embargo, ahora también la sancionaría por denunciar un hecho, si este no llega a comprobarse.
Agregó que se da la paradoja de que, si una mujer denuncia, se expone a ser investigada; si no lo hace, se arriesga a ser negligente.
En tanto, Carolina Valenzuela, perito judicial y representante de la Fundación Crianza Compartida, señaló que el tiempo judicial no es neutro para la niñez. Consideró que, actualmente, una causa puede tardar años, tiempo en que un menor es desvinculado de uno de sus progenitores.
Valenzuela expuso sobre el rol de los peritos, las falencias que hoy presenta el sistema y de cómo debiera operar este último, respecto de las familias que están judicializadas.
Finalmente, Patricia Marambio, de la Fundación Resistencia Materna, sostuvo que el proyecto desprotege el vínculo con el acusado o acusada, antes de que se compruebe la denuncia y repite términos como “víctimas verdaderas” y “violencia real”, lo que crea una estructura de amedrentamiento procesal y penal
La Comisión de la Familia continuará con el análisis de este proyecto sobre denuncias falsas en una próxima sesión, antes de votar su idea de legislar. La idea es que ello ocurra durante la segunda quincena de noviembre.