Analizar el otorgamiento, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de rebajas de condenas contempladas en la Ley 19.856, a personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, fue el objeto de una sesión especial realizada por la Sala de la Cámara.
En la oportunidad, se analizaron los antecedentes y fundamentos jurídicos y administrativos considerados para su concesión; los criterios aplicados por el ministerio respecto de las modificaciones introducidas por la Ley 21.421, sobre exclusión de beneficios, y las medidas adoptadas o que adoptará el Gobierno para resguardar adecuadamente los derechos de las víctimas.
Intervinieron en primer término, en representación de los solicitantes de la sesión, el diputado Marcos Barraza y la diputada Lorena Fríes, quienes solicitaron los antecedentes que avalaron la rebaja de condenas para 56 condenados, la mayoría de ellos, con un alto riesgo de volver a cometer delitos sexuales.
En esa línea, emplazaron al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a explicar cómo se ponderaron los antecedentes y qué revisión se hizo de los informes técnicos, considerando que una buena conducta penitenciaria no significa que no exista riesgo de reincidencia.
Ambos parlamentarios cuestionaron la decisión del Presidente de la República de no solicitar la renuncia del ministro Rabat, porque debe responder por su responsabilidad política. Añadieron que el Gobierno no puede desentenderse de sus decisiones y obligaciones. De tal forma, emplazaron al secretario de Estado a renunciar a su cargo.
Exposición de Rabat
Por su parte, el cuestionado ministro señaló que la rebaja de condenas viene del gobierno anterior, en virtud del cumplimiento de dictámenes de la Corte Suprema.
Precisó que este procedimiento presenta un vacío al no escuchar a las víctimas, lo que cambiará con la tramitación de normas legales correctivas. En esa línea, explicó que en el proceso de rebaja de condenas intervienen Gendarmería, la Comisión de Reducción de Condenas, como órgano técnico, las secretarías regionales ministeriales y, en último término, el Ministerio de Justicia.
Fernando Rabat sostuvo que el ministerio no evalúa técnicamente, ni adopta la resolución administrativa, sino que formaliza lo resuelto por los organismos competentes. Agregó que, lo que corresponde ahora es hacerse cargo del problema por la vía legal, mediante la tramitación del respectivo proyecto de ley.
Intervinieron también en Sala los diputados Jorge Guzmán, Juan Santana, Cristian Contreras, Hans Marowski, Álvaro Ortiz, Jaime Araya, Benjamín Moreno, Jorge Brito, Mario Olavarría, Lorena Pizarro, Diego Schalper, Héctor Barría, José Montalva, Constanza Hube, Daniel Manouchehri, Luis Sánchez, Tamara Ramírez, Matías Fernández, Eileen Urqueta, Gael Yeomans, Javiera Rodríguez, Javier Olivares, Sebastián Zamora, Paz Charpentier, Benjamín Lorca y Raúl Leiva.
Resoluciones aprobadas
Tras el debate, la Sala aprobó un total de cinco resoluciones que solicitan una serie de medidas al Presidente de la República:
– Priorizar las reformas legislativas necesarias para impedir que estas situaciones vuelvan a repetirse y garantizar la protección de las víctimas.
– Instruir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que evalúe y agote todas las alternativas legales que permitan dejar sin efecto, mediante su revocación o invalidación, los 56 decretos que han autorizado rebaja de condenas por delitos sexuales contra menores de edad.
– Adoptar medidas inmediatas para ir en ayuda, protección y resguardo de aquellas víctimas de delitos sexuales y de lesa humanidad, poniendo a su disposición equipos multidisciplinarios de apoyo jurídico y psicosocial.
– Solicitar la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, así como también a los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira, en razón de las responsabilidades políticas y administrativas que les asisten.
– Disponer las urgencias para tramitar a la brevedad el proyecto que aborda la prohibición total de la rebaja de penas a condenados por delitos violentos y la participación de la víctima en el proceso de concesión del beneficio; así como el envío al Congreso de un mensaje que aborde el establecimiento definitivo de tribunales de ejecución de pena en Chile.