Dos proyectos despachados a ley y otras tres propuestas enviadas a segundo trámite son parte del trabajo realizado por la Sala de la Cámara en esta primera semana de octubre.
La primera ley, aprobada en forma unánime, extiende por tres meses la entrega de un bono de 100 mil pesos para transportistas escolares; taxis y taxis colectivos; y para la pesca artesanal (boletín 18684). Su objetivo es representar una ayuda para enfrentar el alza del precio de los combustibles.
Así, el bono de 100 mil pesos, aprobado en marzo de este año, se prorroga hasta diciembre para los beneficiarios recién mencionados. El plazo original era hasta septiembre.
El proyecto también modifica el plazo para realizar aportes al Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape) establecido en la Ley 21.229. En este caso, considera la entrega de hasta 300 mil millones de pesos al fondo y hasta diciembre de 2028, para garantizar créditos a empresas. Esto, con el fin de facilitar el acceso a financiamiento, promover la inversión y apoyar la generación de empleo.
La Sala de la Cámara, adicionalmente, respaldó el informe de comisión mixta que resolvió las diferencias con el Senado en torno al proyecto (boletín 15805) que establece reglas de uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas. Luego, el Senado también respaldó el texto, quedando despachado del Congreso Nacional.
Las discrepancias que originaron la mixta se expresaron en varias de las normas. Entre ellas están las que definen deberes para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; el uso de la fuerza letal; la aplicación de las reglas en las FFAA; y el eximente de responsabilidad.
El texto, con los cambios aplicados por la mixta, define la finalidad de la ley; sus principios rectores; los grados de uso de la fuerza; las reglas específicas para las FFAA; y eximentes de responsabilidad para los efectivos en este marco legal.
A segundo trámite
La Sala de la Cámara aprobó y derivó a segundo trámite el proyecto (boletín 15295) que restringe los requisitos para acceder al beneficio de libertad condicional. Entre los principales cambios, la propuesta aumenta de dos tercios a tres cuartos de la condena el periodo que deberán cumplir las personas sentenciadas por determinados delitos graves antes de solicitar la libertad condicional.
Esta exigencia se aplicará, entre otros casos, a condenas por parricidio, femicidio, homicidio, robo con homicidio, violación, secuestro, trata de personas, tráfico de drogas y otros delitos contemplados en el Código Penal.
Igualmente, se consideran nuevos requisitos para delitos terroristas, mayor participación de las víctimas y se revisa la situación de la reincidencia, entre otros puntos.
Otro texto enviado a segundo trámite por la Sala de la Cámara fortalece el marco normativo de la seguridad vial (boletín 18469). La propuesta modifica la Ley 18.290, de Tránsito, para ampliar los supuestos de procedencia de la suspensión provisoria de licencia de conducir.
Actualmente, esta medida cautelar solo opera en algunos casos. Por lo tanto, la propuesta extiende su aplicación a todos aquellos delitos viales que tengan asignada, como pena principal o accesoria, la suspensión, cancelación o inhabilitación de la licencia de conducir.
Para ello, el proyecto establece que el tribunal deberá decretar la suspensión provisoria de licencia desde la audiencia de control de detención, a solicitud del fiscal, del querellante o de la víctima. No obstante, el juez podrá rechazar la medida mediante una resolución fundada cuando estime que ésta no resulta necesaria o proporcional según las circunstancias del caso.
La tercera propuesta (boletín 18.315) respaldada y enviada al Senado modifica el Código Penal para ampliar las hipótesis de tráfico de migrantes. El objetivo es sumar al delito de facilitar el ingreso ilegal de migrantes al país el promover o facilitar la salida ilegal de personas desde Chile,para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza.
Además, el proyecto incorpora como nuevo delito el tráfico de migrantes al interior del país, a partir del traslado o transporte de extranjeros con condición migratoria irregular, dentro del territorio nacional. En este caso, se fija como sanción una pena de presidio menor en su grado medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.
En todos los casos anteriores se mantiene como agravante, si en la comisión del delito se pone en riesgo la vida o integridad de la persona afectada o se trate de menores de edad.
En general y sesión especial
En esta semana, la Sala de la Cámara aprobó por unanimidad la idea de legislar de un proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en materia de asignación de direcciones IP y deber de información de los proveedores de acceso a internet (boletín 16858).
El texto, que vuelve a comisión por ser objeto de indicaciones, crea la obligación para las compañías que prestan servicios de telecomunicaciones de generar un “IP” diferente para cada cliente, con el objeto de investigar y perseguir con mayor efectividad delitos cometidos en el espacio digital.
Particularmente, se busca facilitar la persecución de la pornografía infanto-juvenil, la explotación sexual de menores, ciertas clases de estafa y algunos delitos económicos.
Por último, en la presente semana, la Sala la Cámara realizó una sesión especial para analizar los cuestionamientos de altos mandos de las Fuerzas Armadas argentinas a la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes y la zona austral.
La instancia contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y del ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros.
La sesión, solicitada por 53 diputadas y diputados, abordó las declaraciones de autoridades argentinas, la vigencia del Decreto 457 de 2021 de dicho país y las acciones diplomáticas y de defensa desarrolladas por Chile.