Con la exposición de los subsecretarios de Hacienda y de Desarrollo Social, Sebastián Vallebona y Gabriel Ugarte, respectivamente, la Comisión de Hacienda inició el análisis del proyecto (boletín 18255) que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y de medicamentos.
La propuesta, despachada ya por la Comisión de Desarrollo Social, se inició en un mensaje del Ejecutivo, comprometido con la bancada del PDG en el contexto del proyecto de reconstrucción nacional. Específicamente, contempla una bonificación mensual por la compra de pañales y medicamentos, equivalente al reembolso del IVA, con tope en canastas de referencia definidas por reglamento.
Beneficiará a madres, padres, representantes legales o personas que tengan a su cuidado niños y niñas de hasta dos años; personas mayores de 65 años que presenten determinadas condiciones de salud; y personas con discapacidad que cumplan los requisitos establecidos. Se exigirá, asimismo, pertenecer al 80% más vulnerable de la población.
Conforme a la agenda, el texto debía votarse y despacharse a la Sala en la jornada de este martes. Sin embargo, la ausencia de los ministros de ambas carteras puso un freno en la decisión. Asimismo, durante la jornada se presentaron observaciones desde distintos sectores, lo que acentuó la necesidad de ampliar el debate, convocando a una o dos jornadas de audiencias y a una negociación con el Gobierno para acercar posiciones.
Apoyo a la idea, pero con críticas y llamados a enmiendas
Tomando la representación de su bancada, como promotores de la iniciativa, el diputado Juan Marcelo Valenzuela destacó la necesidad de avanzar en su trámite. Hizo ver cómo este será un beneficio importante para las familias vulnerables y de clase media, que podría llegar a unos 23 mil pesos si presentaran condiciones como tener menores de dos años, adultos mayores que requieran de pañales y por gasto de medicamentos.
Otros legisladores concordaron que será un aporte relevante, dada la experiencia vivida en sus respectivos distritos. Empero, surgió con fuerza una crítica bastante transversal en torno a que el mecanismo de verificación de la compra de pañales y medicamentos, junto con el cobro del reembolso del IVA, es engorroso y de especial dificultad de acceso para personas mayores y del ámbito rural.
En esa posición, por ejemplo, estuvieron los diputados Jaime Coloma y Priscilla Castillo. “¿Qué pasa con los adultos mayores? Porque vemos que, muchas veces, viven en soledad. Entonces, claramente, sería más difícil para ellos y podrían llegar tarde y, por eso, perder este beneficio”, indicó el primero. “Como Congreso vamos a pasar vergüenza con esta ley porque es casi inaplicable para la gente”, planteó la legisladora.
Diego Schalper y Pier Karlezi coincidieron en que el mecanismo involucra muchos pasos y muchas instituciones que deben coordinarse para tal efecto. Esto, plantearon, dificulta la llegada de las personas y genera una sobrecarga administrativa que tendrá un costo en dinero y en uso de personal y tecnología.
Llamado a simplificar el mecanismo
En tal plano, se gestó un llamado generalizado al Gobierno a simplificar el sistema, eliminando pasos y, eventualmente, llegando a mecanismo como el “Bolsillo electrónico”.
El Ejecutivo no se mostró muy llano a avanzar en esa línea. Sostuvo que una de las finalidades del proyecto es fomentar el comercio formal en la compra de pañales y medicamentos. Así, defendió el sistema de uso de boleta electrónica y posterior reembolso del IVA. Sin embargo, dijo estar dispuesto a conversar sobre otras opciones.
En dicho contexto, el presidente de la Comisión, diputado Agustín Romero, sugirió que se avance en un sistema similar al que se usa en las farmacias con los seguros complementarios. Así, el beneficiario efectuaría la compra y se la aplicaría, de forma inmediata y sin intermediarios, un descuento.
Sobre las observaciones, el diputado Juan Marcelo Valenzuela expresó su disposición para efectuar enmiendas que mejoren el proyecto. “Es bien entendible que los distintos diputados manifiesten su preocupación. Lo que están buscando, en simple, es tratar que la ayuda llegue lo antes posible a las personas y nosotros estamos en ese mismo espíritu, ojalá simplificar el proceso lo más que se pueda y, mientras nos mantengamos en ese marco de discusión, van a contar con todo nuestro apoyo y disposición”, acotó.
Otras consultas apuntaron a la incompatibilidad de este beneficio con otros de cargo fiscal; y sobre la realidad del monto que recibiría una familia atendiendo el gasto administrativo del proyecto y el monto fijo del fondo fiscal de 100 millones de dólares durante su primer año.