Con preocupación recibieron las y los diputados de Minería, de parte de Enap, detalles sobre las irregularidades detectadas en la entrega de información a la autoridad ambiental e incumplimientos asociados a obligaciones de la Refinería Aconcagua, en Concón.
Para este análisis se contó con la participación de la ministra de Energía, Ximena Rincón; del presidente del Directorio de Enap, Cristián Muga; y de sus gerentes General, Julio Friedmann; Corporativo Legal, Eduardo Jara; y Corporativo de Refinerías, Álvaro Hillerns.
Según se comunicó, las irregularidades comenzaron a revelarse en el segundo semestre del 2025, siendo informado el directorio en enero de 2026. En ese entonces, se solicitó una auditoría externa cuyos datos se entregaron en abril, tiempo en que también asumió el nuevo directorio y en que se decidió pasar los antecedentes al Ministerio Público y a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Además, se confirmó el despido de 16 ejecutivos de la refinería de Enap, ocho en enero y otros ocho en junio. Entre ellos, el jefe del Depto. de Ingeniaría, el director de Integridad Operacional y encargados y de áreas relacionadas a materia medioambiental. Se aclaró que el informe arrojó que existía una especie de acuerdo o sistema para que los problemas relacionados con el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) no llegara con claridad a la administración ni al directorio de la compañía. Tampoco a la autoridad ambiental.
De ahí que se produjo una doble infracción: no se incluyeron todas las fuentes de emisión de azufre en el informe de emisión; y se definió una metodología no autorizada para el cálculo de recuperación de azufre en el proceso de refinación, que comprometía un 98% y que llegaba al 90%.
Salud de la comunidad e indemnizaciones por despidos
Una de las consultas recurrentes de las y los diputados de la comisión fue si la alteración al PPDA implicó una afectación a la salud de los trabajadores de la refinería de Concón o de la comunidad colindante. Al respecto, se aseguró que las mediciones finales no habrían alterado el compromiso final de emisión atmosférico, por lo que no habría afectación a la salud de la comunidad.
Igualmente, a solicitud del diputado José Antonio Rivas, se requirió la entrega de los informes de balance de recuperación de azufre y de emisión para cotejar el alcance del problema, la forma en que operaron los ejecutivos desvinculados y otros datos relevantes del caso. “Nos vamos a meter de cuerpo entero en este proceso de investigación”, remarcó el legislador.
Asimismo, por requerimiento del diputado Bernardo Salinas, se solicitará al Ministerio de Salud si hay un estudio sobre la salud de las personas de esta comuna, a raíz de esta fuente de contaminación.
Otro dato requerido por varios legisladores, como Daniel Valenzuela, Cristián Tapia y Valentina Cáceres, fue lo relativo al despido de los ejecutivos de Enap, la fórmula adoptada para ello, la oportunidad de la medida y los montos involucrados.
Sobre el punto se resaltó que era preciso reestructurar el área medioambiental y contar con personal confiable, en especial, a la luz de la necesidad de entregar en enero un nuevo informe a la autoridad ambiental. Además, se precisó que las causales utilizadas fueron por necesidad de la empresa y por desahucio. En todo caso, se sostuvo que, con el conocimiento que hoy se tiene sobre el asunto, las causales habrían sido otras.
“Es un descaro que pidan indemnizaciones y presenten demandas estos trabajadores que solo tenían que hacer su trabajo”, exclamó la diputada Cáceres. ”¿Era justo que se llevaran una millonaria indemnización, casi de mil millones de pesos? La verdad es que no. Esta es una tremenda irresponsabilidad”, enfatizó Valenzuela.
En este contexto, las y los diputados concordaron en que es preciso seguir recabando información sobre el tema y aclarar puntos como, por ejemplo, cuáles son las toneladas de dióxido de azufre que se emitieron demás o por qué se ocultó la información al directorio.