La Comisión de Gobierno Interior despachó a la Sala la indicación sustitutiva de la diputada Claudia Mora, presentada a las mociones refundidas que buscan sancionar la ocupación de bienes nacionales de uso público mediante estructuras precarias (boletines 18.329 y 18.349).
La enmienda propone una sanción de prisión en su grado medio a máximo o multa de una a dos UTM a la persona que, sin estar autorizada, levante, mantenga o utilice un bien nacional de uso público con una instalación destinada a la habitación o pernoctación. Asimismo, que esta obstaculice la libre circulación de las personas. La sanción regirá siempre que, previamente, el Estado hubiese ofrecido opciones de apoyo a la persona y esta no las hubiese aceptado. O, igualmente, si habiendo aceptado continúe empleando la instalación precaria.
En caso de reincidencia, se establece la pena de presidio menor en su grado mínimo. Para los efectos se entenderá como instalación precaria toda instalación o estructura levantada con materiales ligeros fácilmente desmontables.
Asimismo, la propuesta modifica el Código Procesal Penal para facultar a las policías a detener, citar y registrar a quienes sean sorprendidos cometiendo este delito. Para estos efectos, se considerará que existe flagrancia mientras la persona se mantenga utilizando la instalación, carpa o estructura destinada a la ocupación del espacio público.
Estructuras precarias: solución o falta de política pública
Dentro del análisis de la comisión, parlamentarios de oposición plantearon que la norma no soluciona el problema de fondo de los también denominados “rucos”. Cuestionaron que la norma opte por una línea sancionatoria en lugar de una política pública de apoyo.
Igualmente, la propuesta de pena establecida por la reincidencia generó reparos, puntualizando que esta podría saturar las cárceles. Asimismo, se subrayó que con este proyecto se criminaliza la pobreza.
Desde el punto de vista del oficialismo, se recalcó que es fácil opinar cuando alguien no se ve afectado por estas instalaciones en sus barrios. Puntualizaron que se trata de un hecho negativo que impacta en los sectores populares.
Por último, se enfatizó que nadie tiene el derecho de tomarse el espacio público, indicando que se debe avanzar en medidas claras para los tiempos que corren.