Por 106 votos a favor y 3 abstenciones, la Cámara aprobó el informe emitido por la Comisión Especial Investigadora sobre el correcto otorgamiento y uso de licencias médicas en el sector público.
La investigación se fundó en las denuncias por el mal uso de licencias en el sector público, al infringir los periodos de reposo con viajes al extranjero, como quedó plasmado en informes de la Contraloría.
En las conclusiones de este proceso se reconoce que una serie de servicios públicos tenían conocimiento de este tipo de situaciones, previo a la emisión de los citados informes. Es decir, de la mala utilización de las licencias por parte de una serie de funcionaros públicos que viajaron al extranjero.
En esa línea, el informe plantea que el uso fraudulento de las licencias médicas en el sector público es un problema multifacético y sistémico. Agrega que, lamentablemente, no se trata de casos aislados, sino de fallas estructurales que afectan al Estado y generan un impacto financiero y de gestión significativo.
Asimismo, deja claro que existen patrones de abuso que son incompatibles con el principio de probidad administrativa.
Reforma estructural
En las recomendaciones que la Cámara aprobó, está avanzar en materia legislativa en una reforma estructural del sistema de entrega de licencias médicas.
En esa línea, se propone unificar criterios de otrogamiento, control y fiscalización de las licencias.
Además, considerar el mal uso de las licencias médicas como infracción al principio de probidad administrativa; extender la responsabilidad administrativa de los funcionarios hasta tres meses después de sus renuncias y establecer la inhabilidad para ejercer cargos públicos en casos comprobados de fraude en el uso de licencias médicas.
Igualmente, reducir los plazos para la realización de los procesos disciplinarios y aumentar el monto de las sanciones de multa a los funcionarios, de 20 a un 50 por ciento de la remuneración mensual. Esto, para reducir el uso de sanciones de suspensión con goce de sueldo.
La propuesta emanada tras esta fiscalización también contempla que la citada reforma esté orientada a homologar el tratamiento en esta materia entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado. De esta manera, plantea revisar el régimen de financiamiento de las licencias médicas para eliminar el beneficio del 100% de cobertura del salario de forma indefinida, y reemplazarlo por una reducción progresiva.
Estandarizar criterios
Adicionalmente, en materia de fiscalización general, se propone implementar una Tabla Orientativa de Reposo que fije rangos de días de licencia según diagnóstico y ocupación. Esto permitirá prevenir abusos, estandarizar criterios y reforzar los modelos de control de riesgo, manteniendo al mismo tiempo la autonomía médica.
Asimismo, avanzar a un sistema digital único e interoperable para la tramitación de licencias médicas, enlazado con registros migratorios, laborales y previsionales. Además, permitir que la Superintendencia de Seguridad Social pueda informar a los empleadores cuando se detecte que beneficiarios de licencias han viajado al extranjero durante el periodo de reposo.
El diputado Héctor Ulloa entregó el informe a la Sala e intervinieron en el debate la diputada Ana María Gazmuri y el diputado Andrés Celis.