Por 97 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar el proceso de reconstrucción y la entrega de ayudas económicas a los damnificados por el megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en 2024.
Entre sus principales conclusiones, se advierte una brecha entre los objetivos comprometidos y los resultados alcanzados en el proceso.
El informe consigna que, de un total de 4.609 viviendas dañadas y transcurridos dieciocho meses desde la catástrofe, solo 3.670 se consideraron hábiles para el subsidio. Agrega que, a la fecha de entrega de estas conclusiones, solo 114 casas estaban construídas y otras 876 en ejecución. Además, 2.680 casas se consideraban rezagadas, sin sumar las 939 inhábiles.
Reconstrucción y financiamiento tras megaincendio
En las recomendaciones que hace la Cámara, está acelerar la reconstrucción mediante metas verificables y un seguimiento permanente de cumplimiento. Propone, en esa línea, fortalecer la coordinación entre ministerios, municipios y servicios públicos. Además, crear un instrumento específico para la gestión de futuros procesos de reconstrucción con capacidad de coordinación y resolución intersectorial.
Asimismo, plantea extender la vigencia del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios más allá de 2026, punto que está considerado en el proyecto de reconstrucción despachado por el Congreso.
Del mismo modo, se seugiere simplificar trámites, flexibilizar requisitos para acceder a subsidios y fortalecer el apoyo técnico a las familias que optan por la autoconstrucción.
Por último, propone implementar una ventanilla única para los damnificados; disponer de plataformas de información con datos actualizados sobre el avance de la reconstrucción y reforzar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Salud mental y acompañamiento social
Otro de los aspectos destacados de la investigación realizada por la Cámara es lo referido a la situación de salud mental de las comunidades afectadas por el megaincendio. Sobre la base de los antecedentes recopilados, es posible concluir que los efectos psicosociales de la catástrofe continúan presentes en una parte importante de la población damnificada.
Por ello, se recomienda al gobierno implementar un Plan Nacional de Salud Mental para Emergencias, con cobertura universal y gratuita para las personas afectadas por desastres. Igualmente, fortalecer los Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM), asegurar la continuidad de los tratamientos en el tiempo y priorizar la atención de niñas, niños, personas mayores y otros grupos especialmente vulnerables.
Otra recomendación es promover redes de apoyo comunitario; reforzar los equipos psicosociales desplegados en el territorio y otorgar prioridad legislativa al proyecto de Ley Integral de Salud Mental actualmente en tramitación.
Las recomendaciones también apuntan a fortalecer la capacidad de respuesta frente a futuras emergencias. Entre otras medidas, a través de planes de prevención de incendios, mejorar vías de evacuación, reforzar la gestión del riesgo en los territorios afectados y asegurar la coordinación entre organismos públicos y privados.
Finalmente, el informe aprobado plantea fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de reconstrucción, incorporar a las comunidades en el seguimiento de las medidas comprometidas y mejorar la información disponible para los damnificados respecto de beneficios, subsidios y avances de los proyectos en ejecución.
Debate parlamentario
El diputado Andrés Celis presentó el informe de la investigación en la Sala. Luego, intervinieron en el debate las y los diputados Luis Pardo, Hotuiti Teao, Andrea Parra, Javier Olivares, Luis Sánchez y Chiara Barchiesi.
Durante las exposiciones, las/os legisladores criticaron la tardanza en la respuesta a la emergencia por parte de las autoridades de la administración anterior. Así como, el incumplimiento de plazos en la entrega de soluciones comprometidas por las autoridades.
Uno de los puntos que más destacaron fue el deficiente apoyo para la atención de salud mental para las víctimas del megaincendio. Junto a esto, también expusieron la mala calidad de algunas de las viviendas de emergencia entregadas a las familias damnificadas.
En cuanto a las recomendaciones de este informe, las y los diputados solicitaron que el actual gobierno las considere y se haga cargo de dar una respuesta. Así también, que se avance en la prevención de construcciones en lugares de riesgo para evitar futuras catástrofes.