La Comisión de Gobierno Interior continuó el análisis, en general, del proyecto de ley que modifica el régimen jurídico aplicable a la participación de las mujeres en la política (boletín 18222).
La iniciativa- de autoría de la diputada Andrea Parra– busca perfeccionar las normas de cuota de género vigentes para las candidaturas al Congreso Nacional. El objetivo es fortalecer la representatividad democrática, promover una competencia electoral más equitativa y avanzar hacia una participación de las mujeres efectiva en los espacios de representación política.
Entre sus principales propuestas, el texto plantea reemplazar el actual mínimo de 40% de candidaturas femeninas por un mecanismo de paridad 50 y 50 en las listas parlamentarias. Asimismo, establece el carácter permanente de la normativa vigente, cuya aplicación expira tras las elecciones parlamentarias de 2029.
El proyecto también contempla que las listas de candidaturas se conformen bajo el principio de alternancia de género, mediante la ubicación sucesiva de mujeres y hombres. Además, dispone que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género informe al Congreso Nacional sobre los efectos de la futura ley en materia de representación política.
Junto con ello, incorpora una regla permanente para la elaboración de un informe posterior a cada elección parlamentaria, el que deberá desarrollarse en coordinación con el Servicio Electoral (Servel) y bajo criterios de objetividad, trazabilidad, comparabilidad y resguardo de datos.
Adicionalmente, la propuesta establece que cualquier adecuación normativa relacionada con incentivos, mecanismos de promoción o financiamiento en esta materia deberá considerar principios de proporcionalidad, no regresividad, transparencia y trazabilidad.
Participación de las mujeres en la política
Durante la sesión, la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, expuso ante la comisión sobre diversos aspectos vinculados a la normativa electoral. Entre ellos, abordó las reglas de paridad y declaración de candidaturas, así como las disposiciones relativas al financiamiento, control y fiscalización del gasto electoral.
En su presentación, advirtió tres aspectos que podrían requerir revisión durante la tramitación del proyecto. En primer lugar, señaló que la regla que impide que uno de los sexos supere el 50% de las candidaturas presenta dificultades de aplicación cuando las listas tienen un número impar de postulantes.
Asimismo, observó que la obligación de alternancia entre mujeres y hombres no establece consecuencias explícitas ante eventuales incumplimientos ni queda claramente comprendida dentro de las actuales causales de rechazo o subsanación de candidaturas.
Finalmente, recordó que la normativa vigente rige solo hasta las elecciones parlamentarias de 2029, conforme a la disposición transitoria de la Ley 20.840, conocida como Ley de Cuotas. En ese contexto, advirtió que, de mantenerse dicha temporalidad, las nuevas disposiciones podrían limitarse a ese proceso electoral.
Por su parte, diputadas y diputados resaltaron que la Ley de Cuotas ha contribuido a ampliar la participación de las mujeres en la política, favoreciendo un incremento progresivo de su representación, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado.
En esa línea, consultaron al Servel sobre la evaluación que realiza respecto del impacto de esta normativa en la representación política femenina. Asimismo, solicitaron conocer qué aspectos, desde la perspectiva técnica del organismo, podrían incorporarse mediante indicaciones al proyecto para fortalecer los mecanismos destinados a incrementar la participación y representación de las mujeres en el Congreso Nacional.