Facilitar la creación de establecimientos educacionales particulares subvencionados, de manera de contar con una mejor y más amplia oferta de matrícula, que asegure la continuidad y estabilidad del servicio educativo, es la finalidad del proyecto (boletín 16743) aprobado por la Sala de la Cámara.
La propuesta se originó en el Senado como respuesta a la falta de cupos en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y a la crisis de infraestructura y calidad que afecta al sistema educativo actual. Su texto fue objeto de perfeccionamientos en las comisiones de Educación y de Hacienda de la Cámara, que se respaldaron en su gran mayoría en la Sala y que motivaron su despacho a un tercer trámite.
En palabras de la ministra de Educación, María Paz Arzola, esta iniciativa se propone mantener una legislación dinámica que se sustenta en los siguientes cambios:
1. Elimina restricciones que hoy dificultan la creación y expansión de proyectos educativos.
- Para ello permite el arrendamiento de inmuebles en que funcionen los establecimientos educacionales, bajo una regulación estricta.
- Amplía plazos para la adquisición de inmuebles por parte de sostenedores.
- Actualiza las normas transitorias asociadas a estas materias, manteniendo plenamente los estándares de infraestructura y de reconocimiento oficial.
2. Reemplaza una lógica centrada exclusivamente en la existencia de vacantes por una mirada que permita responder mejor a las necesidades de cada región y comuna.
- En este marco se elimina el requisito de tener una demanda insatisfecha para que los establecimientos educacionales particulares accedan a la subvención.
- Establece la obligación del Mineduc de publicar y actualizar periódicamente información sobre la demanda educacional.
- Contempla herramientas excepcionales para asegurar la continuidad del servicio educativo en casos de emergencia.
3. Incorpora mecanismos para fortalecer la calidad de la gestión educativa.
- Se permite que sostenedores con desempeño medio o alto puedan celebrar convenios de administración con otros establecimientos educacionales, de tal manera de fortalecer su gestión y contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.
- Se regulan casos específicos en que se puedan transferir la calidad de sostenedor, resguardando la continuidad del servicio educativo y del proyecto educativo institucional.
- Se posibilita la fusión de establecimientos educacionales de un mismo sostenedor.
4. Fortalece las herramientas de gestión de los SLEP, facultándolos para celebrar convenios de administración con organismos públicos o entidades sin fines de lucro, manteniendo la responsabilidad ante la Superintendencia de Educación y resguardando los derechos laborales de las y los trabajadores involucrados.
Debate y votaciones
Participaron en la discusión de esta propuesta Macarena Santelices, Ana María Gazmuri, Eileen Urqueta, Hotuiti Teao, Luis Pardo, Germán Verdugo, Chiara Barchiesi, René Alinco, César Valenzuela, Carlos Bianchi, Emilia Schneider, Daniela Serrano, Cristian Neira, Javier Olivares, Jaime Coloma, Jorge Díaz, Jorge Guzmán, Diego Vergara, Fabián Ossandón, Marcos Barraza, Sergio Bobadilla, Juan Santana, Andrés Celis, José Antonio Kast Adriasola, Alejandra Valdebenito, Cristián Tapia, Hans Marowski, Carolina Cucumides, Paula Olmos, José Montalva, Álvaro Jofré, Luis Alberto Cuello, Stephan Schubert, Daniel Lilayu, Agustín Romero y Ricardo Neumann.
La mayoría estuvo por apoyar el proyecto, enfatizando en la necesidad de resolver un problema de oferta educativa donde se necesita y de entregar a las familias opciones de mayor calidad. En tal plano, valoraron el que se eliminen barreras burocráticas como la relacionada a la “demanda insatisfecha” y la exigencia de propiedad para los sostenedores.
Igualmente, en este grupo, hubo quienes llamaron a fortalecer la educación rural y pública, aumentar la calidad educativa con miras a los actuales tiempos y a apoyar la mantención y adecuación de la infraestructura escolar.
Por otra parte, hubo quienes plantearon diversas críticas al proyecto, junto con levantar una mayor defensa de la educación pública. Así, se estimó que esta iniciativa es un retroceso en lo avanzado en los últimos años y se acusó, incluso, de fomentar una privatización velada del sistema público, con apoyo de fondos estatales. Asimismo, se sostuvo que el problema de falta de matrícula se focaliza solo en algunos territorios.
El texto se aprobó primero en general, en dos votaciones que tuvieron un respaldo de más de 100 votos favorables cada una. Luego, se sancionó el articulado en otras nueve votaciones, donde se mantuvo prácticamente todo el texto despachado desde comisiones (solo se restó una norma en el marco de los inmuebles arrendados) y sin adiciones por la vía de indicaciones (todas se rechazaron).