La comisión encargada de representar a la Cámara ante el Senado para sostener la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en las figuras de la diputada Paulina Muñoz y de los diputados Benjamín Moreno y Pier Karlezi, expuso durante la presente mañana los argumentos del libelo, concluyendo con un llamado a acoger los capítulos acusatorios y a aplicar las sanciones respectivas.
La Cámara declaró ha lugar la acusación constitucional el pasado 23 de junio, tras lo cual esta se formalizó en la presente jornada ante el Senado.
Paulina Muñoz sostuvo en la argumentación que la acusación contra Grau no constituye un mero trámite de confrontación política, sino que un efectivo ejercicio de control para salvaguardar la transparencia y correspondencia de las finanzas públicas. “Acá no se busca sancionar una mera impericia, sino la transgresión de deberes constitucionales y legales”, remarcó.
Sostuvo que dichas vulneraciones distorsionaron la realidad fiscal ante el Congreso, los mercados y la ciudadanía. Principalmente, comentó la parlamentaria, ello aconteció por “conductas de negligencia y omisión en la rendición de cuentas”, con proyecciones alteradas y la omisión de gastos devengados por miles de millones.
Según planteó, la diferencia en los informes tuvo como objeto “encubrir el deterioro fiscal de las cuentas públicas antes del traspaso de mando”. En tal plano, afirmó que la subestimación del gasto público provino de la decisión de no incorporar en el informe dineros derivados de compromisos legales plenamente vigentes, así como gastos no sustentados en el Presupuesto 2026. Esto, remarcó, sería una violación directa al principio de unidad presupuestaria.
Diputado Moreno por la acusación
Benjamín Moreno, por su parte, recordó que la caja fiscal contaba solo con 47 millones de dólares hacia fines del año 2025 y con una capacidad de endeudamiento estresada. Y pese a tener esta información disponible, argumentó el diputado, no se tomaron acciones correctivas a tiempo.
Recordó que, por el contrario, se optó por postergar pagos de 2025 al 2026, por alrededor de 3 mil millones de dólares. Dijo, asimismo, que al 11 de marzo ya se consumió el 40% del límite de deuda. Junto a esto, recalcó que se incumplieron leyes en el área de educación. En particular, al no realizar un pago oportuno de las subvenciones para infraestructura de establecimientos educacionales y al no transferir todos los recursos de la gratuidad en la educación superior.
Finalmente, insistió en la vulneración del principio de universalidad, que obliga a que todos los gastos estén contemplados en la ley de presupuestos. En este plano, afirmó que, respecto del reajuste de las remuneraciones del sector público, faltó identificar cerca de 800 millones de dólares.
Tras la exposición de la parte acusadora, intervino la defensa del ministro Grau en la voz del abogado Patricio Zapata.
Réplica por el diputado Karlezi
En la réplica, el diputado Karlezi sostuvo que el problema no estaba en la aritmética, sino en los datos que se usaron para dichos cálculos. “Si los datos no son creíbles y fácilmente comprobables cómo se puede estar seguro de los resultados”, agregó.
Mencionó que hubo, al menos, seis advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre el incumplimiento efectivo del balance estructural, antes que hubiera alteraciones o choques externos. “No es una discrepancia de opinión, es una norma, son hechos basados en leyes concretas”, acusó.
El legislador llamó a respaldar la acusación contra Grau. Sostuvo que cada senador/a que no actúe frente a hechos acreditados, le estará diciendo a futuros ministros de Hacienda, de cualquier color político, que tres años de incumplimiento consecutivo y advertencias ignoradas no tienen ningún costo institucional. “Esa es la responsabilidad concreta que tiene esta Sala hoy”, puntualizó.
A partir de las 15:30 hrs., el Senado llevará adelante la segunda sesión, destinada a la votación de cada uno de los capítulos de la acusación constitucional y decidir con ello si el acusado quedará inhabilitado o no por cinco años para ejercer cargos públicos.