La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó en general un proyecto de ley que modifica el Código Penal. Su objetivo es tipificar el delito de ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos y desórdenes públicos, cuando no exista una justificación legítima, iniciativa más conocida como ley “anti encapuchados”.
El texto (boletín 18211) corresponde a una moción impulsada por parlamentarios del PDG. Incorpora excepciones justificantes como motivos de salud o religiosos. También establece una agravante específica cuando el ocultamiento tenga por finalidad facilitar la comisión de otros crímenes o simples delitos.
Respecto de esta propuesta expuso el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Rodrigo Espinoza. Precisó que, si bien se valora el interés por controlar el actuar de los encapuchados, el texto no entrega certeza jurídica. Además, consideró que resulta muy amplia la definición de “lugar público”.
En tanto, la defensora nacional, Verónica Encina, estimó que la iniciativa no establece con claridad cuál es el bien jurídico protegido. Sostuvo que el proyecto representa un problema de aplicación sistemática del derecho, junto a una vulneración de derechos fundamentales.
Una impresión similar expresó el jefe de protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sebastián Cabezas. Sostuvo que la norma pone varios derechos en juego, al tiempo que afecta el principio de proporcionalidad y la tipificación de conductas.
Del debate del proyecto
Tras las intervenciones, los parlamentarios que respaldaron la idea matriz del texto afirmaron que, si bien la norma es perfectible, resulta necesario dar una señal contra los encapuchados que protagonizan hechos de violencia en el contexto de las manifestaciones sociales.
En tanto, quienes rechazaron la iniciativa aseguraron que, por seriedad, dado que el proyecto estaría mal concebido, corresponde privilegiar otras normas en trámite en el Congreso, como el proyecto sobre el derecho a reunión, entre otras.
Terminado el debate, la omisión aprobó la idea de legislar por 7 votos a favor y 4 en contra.
Específicamente, el proyecto establece que, quien, en contexto de reuniones en lugares de uso público, utilice capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje u otros elementos que cubran, oculten o simulen su identidad, de manera que se impida o dificulte la identificación por parte de la autoridad, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo (desde 61 días a 540 días).
Asimismo, si el imputado fuese sorprendido en la comisión de un crimen o simple delito en el contexto de eventos masivos o reuniones en lugares de uso público, utilizando los elementos descritos para ocultar o dificultar su identidad, se aplicará la pena asignada al delito respectivo, aumentada en un grado.
La instancia fijó el próximo 15 de junio como plazo para la presentación de indicaciones.