La Sala de la Cámara aprobó esta semana dos solicitudes de acuerdo que manifiestan la preocupación de la Corporación frente a las medidas de ajuste fiscal en el sistema de salud y el uso de los recursos públicos.
En ese contexto, el acuerdo 12 -aprobado por 87 votos a favor, 46 en contra y 12 abstenciones- advierte al Presidente José Antonio Kast que la salud pública del país ya enfrenta una situación de alta presión presupuestaria estructural.
El documento impulsado por el diputado Felipe Camaño, recuerda el problema de las listas de espera no resueltas y que los servicios de salud operan con dotaciones insuficientes. En tal plano, se estima que este recorte “es una decisión que tiene consecuencias directas y previsibles sobre la vida y salud de las personas”.
El citado recorte presupuestario aplicado al Ministerio de Salud, contempla una disminución de un 2,4% del financiamiento de la cartera y afectará, en mayor medida, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, entidad a cargo de financiar la red hospitalaria del país.
A su vez, el acuerdo 13, promovido por la diputada Valentina Cáceres, también advierte sobre los efectos de las políticas de ajuste fiscal en el funcionamiento del sistema público de salud, particularmente, en hospitales, servicios de urgencia y establecimientos que atienden a la población más vulnerable.
La solicitud, acordada por 78 votos de respaldo, 44 en contra y 23 abstenciones, plantea la necesidad de fortalecer el financiamiento y protección del sistema para evitar debilitar el funcionamiento de hospitales y afectar la atención de millones de personas que dependen del sistema público de salud.
Resoluciones
El pleno de la Cámara también aprobó esta semana cuatro solicitudes de resolución presentadas por diputadas y diputados del comité UDI. Estas piden al Mandatario adoptar diversas medidas para subsanar falencias en programas de la administración del Estado.
La resolución 11, aprobada por 94 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones, solicita al Mandatario que adopte todos los resguardos para que no se autoricen políticas públicas populistas que no cuenten con evaluaciones técnicas previas y que generen falsas expectativas en la población más vulnerable.
La solicitud critica, principalmente, el programa “Gas a Precio Justo”, implementado en el anterior Gobierno por el Ministerio de Energía, en coordinación con la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).
La resolución 12 pide implementar una política pública de emergencia para disminuir la tasa de deserción escolar frente al desempeño insuficiente del Plan de Reactivación Educativa.
El texto -que sumó 117 votos a favor, 30 en contra y 5 abstenciones en la Sala de la Cámara- busca que los más de 40 mil alumnos que abandonaron el sistema escolar entre 2024 y 2025 retomen sus estudios, bajo una institucionalidad que asegure la continuidad de las clases, la convivencia escolar y la permanencia de los menores en condiciones favorables al aprendizaje.
A su vez, la resolución 13 solicita al Ejecutivo revisar y perfeccionar el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), con el fin de fortalecer la eficiencia, la responsabilidad fiscal y el uso adecuado de los recursos públicos.
La iniciativa -aprobada por 113 votos a favor, 30 negativos y cinco abstenciones- cuestiona la facilidad para acceder al bono por cumplimiento de metas y plantea evaluar su efectividad como incentivo para mejorar la gestión estatal y los servicios a la ciudadanía.
Por último, la resolución 14 respalda el informe del Consejo Fiscal Autónomo sobre el incumplimiento de la meta de Balance Estructural correspondiente al año 2025. El documento se aprobó en la Cámara con el voto favorable de 89 legisladores, 46 en contra y cuatro abstenciones.
El texto valora el rol técnico e independiente de este organismo y plantea que este incumplimiento se produjo en un período sin crisis económicas, sanitarias u otras situaciones extraordinarias. Por ello, el acuerdo cuestiona fuertemente la conducción de la política fiscal de la administración del expresidente Gabriel Boric.