Fortalecer la detección temprana del lavado de activos es el objetivo del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara, por 149 votos a favor. La iniciativa (boletín 16808), remitida al Senado a segundo trámite, pretende evitar que en sectores claves se generen operaciones vinculadas al comercio ilegal.
La moción, promovida por el diputado Cristián Araya junto a parlamentarios republicanos, amplía el listado de entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas establecido en la Ley N° 19.913. De esta forma, se espera reforzar los mecanismos de control y trazabilidad en sectores estratégicos de la economía.
El texto incorpora a empresas del ámbito logístico y de transporte. Así, se incluyen compañías de carga aérea, marítima y terrestre, además de empresas de transporte internacional, operadores portuarios y terminales extraportuarios.
También se suman agentes de carga, empresas courier y almacenes. Con esto, el proyecto reconoce el rol que cumplen estas actividades en la cadena de comercio y su potencial exposición al lavado de activos.
La iniciativa dispone que estas entidades informen a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre operaciones sospechosas detectadas en el ejercicio de sus funciones. Esto se suma a las obligaciones ya existentes para bancos, corredoras, notarios, casas de cambio y otras instituciones.
Lavado de activos y operaciones sospechosas
La normativa establece que una operación sospechosa corresponde a aquella que resulte inusual o no tenga justificación económica aparente. De igual modo, considera casos vinculados a delitos o a personas incluidas en listas de organismos internacionales.
Además, se señala que las entidades deberán designar un encargado para relacionarse con la UAF. Junto a esto, se reafirma que las normas de secreto o reserva no impedirán el cumplimiento de estas obligaciones.
La información entregada de buena fe quedará exenta de responsabilidad legal. Con ello, se busca incentivar el reporte oportuno y fortalecer el sistema preventivo frente al lavado de activos.
Debate parlamentario
Desde distintas intervenciones se advirtió que las zonas portuarias enfrentan una exposición significativa frente al lavado de activos, por lo que fortalecer su regulación resulta una prioridad. En esta línea, se planteó la necesidad de mejorar la capacidad de revisión de contenedores, incrementar el uso de tecnología en Aduanas y avanzar en una mayor coordinación entre los organismos del Estado. Asimismo, se enfatizó la importancia de seguir la ruta del dinero, incluyendo herramientas como el levantamiento del secreto bancario.
Igualmente, se señaló la existencia de estructuras criminales que operan detrás del comercio ambulante organizado, obteniendo importantes ganancias mediante la distribución de productos sin trazabilidad. Se indicó que este fenómeno no solo facilita el lavado de activos, sino que, también, genera competencia desleal para el comercio establecido y afecta las condiciones laborales. En este contexto, se destacó la necesidad de identificar a quienes abastecen estas redes y avanzar en proyectos complementarios, como la inteligencia financiera.
En el debate se expusieron cifras que reflejan la magnitud del problema. Entre 2007 y 2022, más de 500 personas fueron condenadas por delitos de lavado de activos, concentrándose principalmente en zonas con alta presencia de comercio ambulante ilegal y productos falsificados. En este sentido, se valoró el avance de la iniciativa, aunque se advirtió que será insuficiente si no se acompaña de medidas estructurales que permitan fortalecer la persecución del delito en todas sus etapas.
Intervinieron en Sala las/os diputados Tomás Kast, Chiara Barchiesi, Catalina Del Real, Raúl Leiva, Daniel Lilayu; Jaime Araya, Patricio Pinilla, Javier Olivares, Germán Verdugo, Jorge Brito; Sofía González, Jaime Mulet, Andrés Celis, Cristian Contreras, Cristian Neira, José Montalva, Jaime Coloma y Álvaro Ortiz.