Por amplia mayoría la Sala de la Cámara respaldó legislar para ampliar las facultades de las policías para el control de identidad, regulado en la ley 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos.
El texto (boletín 15258) corresponde a una moción parlamentaria ingresada en 2022. Pese a presentarse con un informe negativo de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Sala optó por aprobar la iniciativa, por 105 votos a favor,14 en contra y 23 abstenciones.
Con este resultado, el proyecto retorna a la citada comisión para discutir las modificaciones ingresadas a su articulado.
En términos generales, el proyecto faculta a los funcionarios policiales a sumar al control de identidad el registro de vestimentas, equipaje y vehículos, en puntos estratégicos y zonas limítrofes del país. De este modo, se podrá realizar esta inspección en instalaciones de infraestructura crítica, como recintos sanitarios y energéticos, hospitales, puertos, aeropuertos, redes de metro y trenes, así como las sedes de los Poderes del Estado, entre otros.
El proyecto puntualiza que esta inspección solo tendrá como fin detectar armas, dispositivos o elementos que pongan en peligro la seguridad de las personas o el funcionamiento de las instalaciones.
Sin embargo, este registro siempre procederá en la franja fronteriza -entre la línea divisoria internacional y la línea paralela a una distancia de diez kilómetros hacia el interior del país- para prevenir el ingreso no autorizado al territorio nacional.
Control de identidad
Intervinieron en el debate las/os diputados Jorge Díaz, Daniel Lilayu, Cristian Neira, Juan Carlos Beltrán, Sara Concha, Tatiana Urrutia, Hans Marowski, Bernardo Salinas, Cristian Contreras, Eileen Urqueta, José Antonio Kast Adriasola, Álvaro Jofré, César Valenzuela, Javier Olivares, Francisco Orrego, Nathalie Castillo, Patricio Pinilla y Stephanie Jéldrez.
Al respecto, subrayaron que ampliar esta facultad es clave para asegurar la protección de los límites fronterizos y que reforzar la seguridad en dichas zonas exige una postura activa del Estado. Esto para entregar una señal clara y categórica de combate al crimen organizado.
Así también, se destacó que el texto proporciona herramientas adicionales para el control en puntos estratégicos, con garantías explícitas orientadas a fortalecer de manera directa la labor de los funcionarios policiales, por ejemplo en zonas extremas.
Las y los diputados que expresaron una postura contraria, criticaron que se priorizara un proyecto que está desactualizado, que tiene deficiencias en su técnica legislativa y con un alto riesgo de derivar en aplicaciones arbitrarias.
Igualmente, criticaron la iniciativa por incurrir en “populismo penal” al promover la idea de que expandir los controles de identidad resolverán la crisis migratoria y de seguridad. Por último, mencionaron que rompe con la distinción jurídica entre control preventivo (verificar la identidad de una persona) y el control investigativo.