La Comisión de Trabajo inició el estudio del proyecto de ley (boletín 18230) que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar, maternal y el subsidio familiar.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó la iniciativa junto al ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau. El texto propone elevar el ingreso mínimo mensual desde los actuales $539.000 a $546.546 a contar de mayo de 2026.
La propuesta también incorpora incrementos diferenciados. Por ejemplo, para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65. Además, establece un mecanismo de reajuste automático del ingreso mínimo para 2027, basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según el mensaje del Ejecutivo, el monto planteado responde a la inflación reciente. Así, se explica que el IPC acumulado entre enero y marzo de 2026 alcanzó un 1,4%, mientras que la inflación en doce meses llegó a 2,8%. Con ello, el Gobierno busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, más que generar un aumento real significativo del salario mínimo.
Argumentos del proyecto de ingreso mínimo
El Ejecutivo enmarcó la propuesta en un escenario complejo para el mercado laboral. De tal modo, se observó que la tasa de desocupación alcanzó el 8,9% en el trimestre enero-marzo de 2026, acumulando 39 meses consecutivos sobre el 8%. A esto se suma un fuerte crecimiento del empleo informal (26,5% del mercado laboral), mientras que se registró una pérdida de 33.277 empleos formales.
También influirían los mayores costos laborales derivados de reformas recientes, como la reducción de la jornada a 42 horas semanales —que elevó el costo por hora en 4,5%— y el aumento de cotizaciones previsionales, que sumará 7 puntos porcentuales adicionales con cargo al empleador hacia 2033. Este escenario, se acotó, ha afectado especialmente a las pymes, que han destruido empleo en 17 de los últimos 18 meses.
En tal contexto, se resaltó que el reajuste busca equilibrar la protección de los ingresos de los trabajadores con la sostenibilidad del empleo formal. De ahí que la iniciativa apuntaría a evitar efectos negativos en la contratación y a resguardar, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas y a los sectores más vulnerables, donde se concentra una parte importante de quienes reciben el salario mínimo.
Discrepancias parlamentarias
La diputada Gael Yeomans fue critica con los argumentos expuestos. Dijo que esta propuesta de ingreso mínimo no considera el alza en el costo de los distintos precios que está afectando a las familias del país. Tampoco estaría considerando, por ejemplo, el IPC del mes de abril.
La parlamentaria, asimismo, cuestionó la apertura a la negociación planteada por el Gobierno, cuando se presentan sobre la mesa estas cifras. A su juicio, se está jugando con las expectativas de las personas ya que, primero, se señaló a la CUT una cifra mucho mayor, tres veces más, y ahora se presenta en el proyecto de ley una cifra de siete mil pesos de alza. “Es decir, de verdad, no alcanza para hacerse cargo de todos los costos que hoy tiene una familia”, remarcó.
Además, adelantó que recurrirán a la Contraloría General de la República, porque no se habría cumplido con la norma que obliga a consultar al Consejo Superior Laboral, instancia que está compuesta por representantes de los trabajadores, de las pymes y del Gobierno.
En tanto, la diputada Constanza Hube reconoció que puede parecer un reajuste menor del ingreso mínimo, pero llamó a poner la mirarla en el contexto en el que está el país, con las recientes cifras del INE, que son realmente dramáticas.
“Como diría el ministro del Trabajo, Tomás Rau, son insostenibles. De hecho, tanto es así que se creó una mesa de emergencia laboral. ¿Y eso por qué? Porque tenemos cerca de 925 mil personas buscando trabajo, un 10% de desempleo femenino y uno de cada cuatro trabajadores en la informalidad, es decir, sin contrato, sin cotizaciones y sin seguridad social. Esa situación influye directamente en lo que significa el monto del aumento del sueldo mínimo”, puntualizó.
Afirmó que el ministro de Hacienda lo planteó bien: esto es una variable muy importante que puede terminar afectando el empleo formal y precarizando los empleos que ya existen, especialmente, considerando el nivel de desempleo actual.