Avanzando en materia de derechos humanos, la Sala de la Cámara aprobó el proyecto (boletín 17839) que institucionaliza el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Éste se abocará a personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La iniciativa, despachada a segundo trámite, tras aprobarse en general y en particular por 79 votos a favor, 41 en contra y 16 abstenciones, contempla que el citado plan esté a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Para ello, se creará una unidad especial encargada del cumplimiento de esta función.
La idea es que sea un instrumento del Estado destinado a avanzar en la búsqueda, identificación y restitución de las personas víctimas de desaparición forzada. También, para dar cumplimiento al derecho inalienable de sus familiares, y de la sociedad en su conjunto, a conocer la verdad de lo ocurrido.
El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia tendrá los siguientes objetivos:
- Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte, así como el destino final de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en el período señalado.
- Reconocer, promover y dar efectividad al derecho de los familiares de las víctimas y de la sociedad a la verdad, memoria, justicia y no repetición.
- Fortalecer la participación efectiva de familiares, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, en la búsqueda de las víctimas.
Un Comité de Seguimiento y Participación conocerá, asesorará y formulará recomendaciones para la implementación del Plan Nacional de Búsqueda. Estará integrado por trece miembros, quienes ejercerán sus funciones ad honorem y durarán cuatro años en sus cargos.
El texto ordena a la citada Subsecretaría elaborar un informe anual que deberá presentar al Presidente de la República, a la Corte Suprema y al Congreso Nacional. Éste versará sobre las actividades y resultados del plan, considerando, al menos, información sobre el cumplimiento de metas y objetivos.
Finalmente, entre otras normas, se definen las características del reglamento que, por ejemplo, indicarán los requisitos para formar parte del Comité, así como los demás aspectos para la adecuada y eficaz implementación de esta ley.
La propuesta se originó en una moción impulsada por la diputada Lorena Fries. También la firman Roberto Celedón, Andrés Giordano, Claudia Mix, Javiera Morales, Patricio Rosas, Clara Sagardía, Jaime Sáez, Carolina Tello y Coca Ericka Ñanco.
Discusión del proyecto
Participaron en el debate Carolina Tello, Ana María Gazmuri, Johannes Kaiser, Lorena Fries, Arturo Barrios, Agustín Romero, Lorena Pizarro, Vlado Mirosevic, Luis Sánchez, Carmen Hertz, Roberto Celedón, Daniela Serrano, Emilia Schneider, Alejandra Placencia, Andrés Giordano, Hernán Palma, Consuelo Veloso, Marcela Riquelme, María Candelaria Acevedo y Tomás Hirsch.
En los discursos se explicó que este Plan Nacional de Búsqueda ya existe como programa público, por lo que esta propuesta viene a convertirlo en una política permanente, que actúe con independencia de los gobiernos de turno. En este contexto, plantearon que el plan cuenta con recursos y personal asignados, que requieren de estabilidad para su accionar.
Desde otra visión, hubo quienes expusieron sus objeciones a la institucionalización de este plan. Consideraron que rigidiza por ley lo que se puede corregir por la vía administrativa. Además, evaluaron que no se avanza en la identificación de las víctimas, ni mejora la efectividad de la política en cuestión.