La Comisión de Minería aprobó en general, por unanimidad, un proyecto (boletín 17850) que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos. En lo medular, impone a las concesionarias de distribución la obligación de instalar medidores remotos, sin costo para los clientes.
Según se destaca en la iniciativa, los medidores remotos permiten monitorear y administrar el consumo eléctrico, mejorando la eficiencia del servicio y ofreciendo a los usuarios mayor control, ahorro y mejores tarifas. Para las empresas, facilitan datos precisos, fiscalización y coordinación con el operador del sistema.
Experiencias en Europa y Estados Unidos han demostrado que la instalación de estos medidores reduce costos operativos. Además, fomenta un consumo más consciente, generando ahorro energético. En Chile, la ley establece que las distribuidoras deben instalar y reemplazar estos medidores, garantizando eficiencia y ahorro sin trasladar los costos a los consumidores.
Medidores inteligentes y transparencia
El presidente de la comisión y uno de los autores del proyecto, Marco Antonio Sulantay, destacó la aprobación de la idea de legislar. Explicó que se trata de un proyecto muy simple, con un artículo único, que permite a las empresas cubrir los gastos de recambio de medidores remotos o inteligentes, sin trasladar ningún costo a los clientes.
Sulantay señaló que esta medida representa un avance para la industria eléctrica, ya que ayuda a clarificar las cuentas y garantiza que los consumidores paguen de manera justa. Actualmente, muchos usuarios reciben facturas con montos estimativos o irregulares, generando confusión y sensación de injusticia.
Planteó que los medidores inteligentes permiten consignar con precisión el consumo de cada hogar, eliminando errores de lectura y cobros arbitrarios. De esta forma, espera que los usuarios tengan certeza sobre lo que están pagando, al tiempo que la transparencia en la industria eléctrica se fortalece.
Enami
La Comisión de Minería también comenzó la discusión del articulado del proyecto (boletín 17372) originado por el Ejecutivo, que busca modernizar el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería (Enami).
Durante la jornada, la ministra del área, Aurora Williams, explicó los alcances de la norma. Comentó que el Ejecutivo consideró las conclusiones y recomendaciones de una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados del año 2025 (CEI 31).
La propuesta tiene como objetivo incorporar las directrices de la OCDE y aplicar altos estándares de probidad y transparencia en el funcionamiento de la Enami. (Ver presentación)
Cristián Tapia estimó que se trata de un proyecto muy positivo, ya que busca modernizar el gobierno corporativo de la estatal. Así, la composición del directorio se constituye como el corazón de la reforma. Justamente, acotó el diputado, dicha parte de la iniciativa quedó pendiente en su votación.
El legislador advirtió que en la propuesta se excluyó a las Sonami, organizaciones que representan a la pequeña y mediana minería, aunque también tengan socios de la gran minería. “Estas entidades no pueden quedar fuera del directorio”, evaluó.
Además, consideró necesario definir el perfil de los directores designados por el Gobierno de turno. También, la participación de los trabajadores, quienes representan a los sindicatos. Precisó que la relación con los sindicatos debe abordarse como contraparte en negociaciones colectivas, pero no dentro de un directorio técnico.
Litio
En otro punto, la comisión abordó el proyecto que deroga la no concesibilidad del litio y establece una tasa única para su adquisición dentro de la concesión de explotación de que se trate.
Para esta iniciativa, recibió la exposición del ingeniero experto en litio, Daniel Jiménez. Entre otros puntos, sostuvo que la reforma es clave para aprovechar recursos únicos. Además, dijo que Chile debe actuar ahora para no perder competitividad. “Sin cambios, Chile seguirá perdiendo terreno”, evaluó. (Ver presentación)